La patronal catalana Foment del Treball ha pedido al Gobierno, a través de la CEOE, explorar la vacunación obligatoria en los centros de trabajo tras el progresivo "retorno a la presencialidad de los trabajadores en los centros de trabajo y la clara evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas", según un comunicado. "Se trata de hacer prevalecer el interés general y la seguridad sanitaria" porque existen suficientes disposiciones legales que podrían fundamentar una decisión por parte del Gobierno, añaden.
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La reducción de la mortalidad gracias a las campañas de vacunación "avalan decisiones de políticas públicas que puedan contener las devastadoras consecuencias de la pandemia desde el punto de vista social y económico". Expertos jurídicos consultados por Foment, advierten que a pesar de que "por ahora, no existe la norma en nuestro ordenamiento jurídico que lo permita explícitamente, no habría ninguna dificultad" de que excepcionalmente, el interés general relativo a la salud pública prevaleciera sobre el particular, según el comunicado.


Comentario: O más bien, el interés de una minoría elitista organizada sobre masas de gobernados desorganizados -y que las élites no permiten que se organicen-.


Por contra, el experto laboralista consultado por eE, Alfredo Aspra, de Labormatters Abogados, informa que el Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ponderó en febrero -durante un periodo crítico de la pandemia- a la luz de lo recogido en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, el interés general de la población -entendiéndose éste, el derecho a la salud de los ciudadanos-, con el principio de autonomía de voluntad del paciente, previsto en el artículo 2.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El CISNS mantiene desde entonces y tras cuatro actualizaciones, que "la vacunación contra el Covid no es obligatoria".

En todo momento se ha respetado la voluntad de decidir del paciente, y Aspra expone que "nada haría indicar" que con la incidencia actual, "dicho criterio vaya a ser modificado" por el CISNS.

La patronal remarca que "la vacunación es una obligación moral hacia los otros que tendría que conseguirse con el convencimiento, la información y la evidencia, pero si esto es insuficiente, el gobierno tendría la obligación de imponerla para salvaguardar el interés general".