La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el viernes 29 de octubre una solicitud de emergencia presentada por los trabajadores de la salud del estado de Maine, quienes buscan una exención religiosa a la obligatoriedad de aplicarse la vacuna contra el virus del Partido Comunista Chino (PCCh).
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© Twitter U.S. Supreme Court @USSupremeCourtFachada de la Corte Suprema de EE. UU.
Acorde al mandato estatal, los trabajadores de la salud en hospitales y hogares de ancianos en todo el estado, perderán sus puestos de trabajo si deciden no vacunarse. Esta situación los ha llevado a comenzar una carrera legal que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia.

El punto crítico sobre el cual se están apoyando los trabajadores de salud y abogados defensores en el estado de Maine, es que no sólo están siendo presionados para recibir la vacuna COVID-19 bajo amenaza de ser despedidos, sino que tampoco se estarían respetando las exenciones religiosas, reportó Fox News.

Los abogados de los trabajadores de la salud que desafiaron el mandato de la vacuna en Maine, argumentaron que no tener una exención religiosa era una violación de su derecho al libre ejercicio de la religión bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La apelación de emergencia fue rechazada pero no termina aquí la batalla legal, más bien pareciera que recién comienza. La decisión del máximo tribunal implica que la demanda debe primero debatirse en los tribunales inferiores, y en caso de no llegar a acuerdos podrá nuevamente llegar a la Corte, donde eventualmente se resolverá el caso.


La decisión del tribunal de no otorgar el alivio inmediato para los trabajadores de la salud hasta que decida revisar el caso, significa que el mandato estatal de la vacuna COVID-19 entrará en vigencia mientras continúe el litigio en los tribunales inferiores.

Como es costumbre en las resoluciones de emergencia, la Corte no argumentó su decisión, aunque tres jueces de tendencia conservadora emitieron una opinión disidente afirmando que habrían concedido la solicitud de emergencia.

Tres jueces, Neil Gorsuch, Clarence Thomas y Samuel Alito, firmaron un escrito redactado por Gorsuch, sugiriendo que se habrían adherido a la solicitud de los trabajadores de la salud de Maine.

"Este caso presenta una importante cuestión constitucional, un grave error y una lesión irreparable", escribió Gorsuch . "Donde muchos otros estados han adoptado exenciones religiosas, Maine ha trazado un rumbo diferente. Allí, los trabajadores de la salud que han servido en la primera línea de una pandemia durante los últimos 18 meses ahora están siendo despedidos y sus prácticas cerradas. Todo por adherirse a sus creencias religiosas constitucionalmente protegidas".

La fecha límite para que los trabajadores de la salud se vacunen en el estado era a comienzos de octubre, pero el gobierno estatal comunicó que no haría cumplir el mandato hasta el viernes, fecha en que se pronunciaría la Corte.

La gobernadora demócrata Janet Mills fue quien ordenó la obligatoriedad de vacunación en Maine. Ante una demanda efectuada, un juez federal de Maine se negó a detener el mandato y concluyó que era poco probable que una demanda tuviera éxito.

Más tarde, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er Circuito de EE. UU. a comienzos de octubre, dejó que el fallo se mantuviera y provocó una oleada de apelaciones que llegaron hasta la Corte Suprema.