Traducido por el equipo de Sott.net

Ya no será necesario notificar a los ciudadanos que se les retira la ciudadanía, gracias a una cláusula introducida a escondidas en el proyecto de ley de nacionalidad y fronteras la semana pasada.
Priti Patel

La ministra del Interior, Priti Patel, puede revocar la ciudadanía británica cuando sea "conducente al bien público". Fotografía: Rex/Shutterstock
Se trata de una medida injusta y draconiana de la que los diputados deberían avergonzarse por haberla convertido en ley. ¿Cómo puede una persona impugnar una decisión que desconoce? Es difícil imaginar que la ministra del Interior, Priti Patel, que ha abogado por la pena de muerte, pierda el sueño por promulgar una medida tan injusta y autoritaria. Pero debería recapacitar.

El principio del Estado de Derecho es que una persona tiene derecho a conocer una decisión antes de que sus derechos puedan verse afectados. Actualmente, el Ministerio del Interior tiene que hacer algún esfuerzo para ponerse en contacto con alguien antes de privarle de la ciudadanía. Los ministros creen que este requisito legal debe ser eliminado en favor de la discreción del ejecutivo debido a la amenaza del, y fundamentalmente al miedo al, terrorismo.

El nuevo poder es excepcionalmente amplio: no será necesario notificarlo si no es "razonablemente factible" darlo; o en interés de la "seguridad nacional" o las relaciones diplomáticas; o por otras razones de "interés público".


Comentario: El terrorismo y la "seguridad nacional" se utilizan a menudo para justificar medidas totalitarias como ésta, cuando es casi seguro que ya existen leyes para tratar los escasos casos graves a los que se dirige este nuevo proyecto de ley.


El ministro del Interior puede revocar la ciudadanía británica cuando sea "conducente al bien público", pero no convertirá a esa persona en apátrida. Hay una arista: los ciudadanos naturalizados podrían perder su nacionalidad británica si el gobierno tiene "motivos razonables" para creer que podrían adquirir la ciudadanía de otro país. Retirar la nacionalidad a estas personas sin comunicárselo supone un retroceso en uno de los valores más fundamentales de la ley.

También envía un mensaje a un grupo de británicos, especialmente a los ciudadanos no blancos y sobre todo a los musulmanes, de que, a pesar de haber nacido y crecido en el Reino Unido y no tener otro hogar, su ciudadanía está lejos de ser segura. Parece que no se han aprendido las lecciones del escándalo Windrush. A los ciudadanos con vínculos con otras naciones se les dice que podrían correr el riesgo de ser privados de su nacionalidad británica sin previo aviso y por razones consideradas tan sensibles desde el punto de vista de la seguridad que podrían no hacerse nunca públicas.


Comentario: Qué manera más eficaz de hacer que un grupo de personas se conformen con amenazar su propia ciudadanía. Obsérvese que en toda Europa numerosos funcionarios han calificado a los que protestan por los confinamientos y las vacunaciones forzosas como extremistas e incluso terroristas.


Los ministros han argumentado que, en última instancia, son responsables democráticamente y que eso es motivo de deferencia judicial. Pero la rendición de cuentas democrática es nula o muy escasa para las decisiones de seguridad nacional que están envueltas en el secreto y se toman con poca supervisión. Entre 2006 y 2018, 175 personas perdieron su ciudadanía por motivos de seguridad nacional, pero 100 de esos casos ocurrieron en un solo año, 2017. Parece que hay pocos motivos para dar a los ministros más margen de maniobra para retrasar e incluso negar la información sobre la privación de la ciudadanía británica.

Esta política también es potencialmente contraproducente, ya que permite al Reino Unido eludir sus responsabilidades internacionales exiliando a personas que considera un riesgo para la seguridad. Gran Bretaña debería ocuparse de esas personas en su país, y no descargarlas para que otros se ocupen de ellas. El aumento del uso de los poderes de privación y la ampliación de las categorías de personas contra las que se puede actuar sugiere que esto es el borde fino de la cuña. La ciudadanía puede ahora ser revocada por delitos graves, y se ha utilizado contra los miembros de los "grupos de prueba". El público puede tener poca simpatía por ellos, pero una vez que se establezca el precedente, otras personas quizás culpables de delitos menos odiosos también podrían ser el objetivo. En una sentencia seminal de la Cámara de los Lores sobre la notificación en 2003, Lord Steyn dijo sabiamente que "la sorpresa se considera el enemigo de la justicia". Los diputados deberían rechazar la cláusula. La ciudadanía no es un privilegio dependiente del capricho ministerial, sino un estatus sobre el que se construye el orden jurídico.