Prácticamente casi la mitad de las ayudas en forma de préstamos que movilizó el Gobierno de Reino Unido fue a parar a empresas fantasmas o de nueva creación. Según los datos recopilados por Bloomberg, más de 130 millones de libras de las 26.400 millones que se destinaron a paliar los problemas de liquidez por el cese de actividad fueron concedidos incumpliendo los requisitos.
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Un préstamo de emergencia, de 4,7 millones de libras, se concedió a una empresa fundada solo dos días antes de recibir los fondos, según muestran los registros mercantiles. Y un préstamo de 1 millón de libras fue otorgado a una empresa que estaba inactiva antes del inicio de la pandemia y luego entró en liquidación voluntaria en menos de un año.

Varios casos particulares detectados por Bloomberg News platean preguntas preocupantes de cómo, durante la pandemia, se gestionaron los prestamos de emergencia. En Reino Unido, el debate viene de lejos, teniendo en cuenta que el Gobierno rechaza las peticiones de información. El British Business Bank (BBB), una institución parecida al ICO en España, ha denegado el acceso a los datos solicitados por Bloomberg. La información disponible es la que está compartida la UE antes de que Reino Unido abandonara a sus socios europeos. En total, ha tenido acceso a los registros de más de 49.000 empresas, alrededor del 45% del total de prestatarios del CBILS (el programa de préstamos de emergencia de Reino Unido).

"Hay un interés público aquí", explica Michael Levi, profesor de criminología en la Universidad de Cardiff y autor de un estudio sobre fraude y pandemias . "La capacidad de verificar los préstamos y quién está detrás de ellos hace que sea más fácil diseñar los próximos fondos" agrega.

Al igual que en muchos países, los préstamos se tramitaron a través de las entidades financieras. En última instancia responde el CBILS con una garantía del 80%. Los bancos comerciales tenían capacidad para conceder a discreción créditos de hasta cinco millones de libras.

Sobre el papel, la falta de cumplimiento de los requisitos para acceder a la ayuda correspondía a los bancos y no hay posibilidad de reclamar garantías si no se ha cumplido con los criterios, según BBB. El Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, que supervisa el BBB al ser consultado afirma que "continúa tomando medidas enérgicas contra el fraude Covid-19 y no tolerará a aquellos que buscan defraudar al contribuyente británico", dijo un portavoz. "Estamos trabajando en estrecha colaboración con los prestamistas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e investigar el fraude", añaden.

Bloomberg encontró alrededor de 60 empresas inactivas, empresas que no habían informado de actividad con fines contables cuando tomaron prestados los fondos, incluida una empresa controlada por John Beckwith, un conocido millonario británico de 74 años. Tempus Court Developments Ltd., que Beckwith controla a través de las participaciones de otras dos empresas, recibió un préstamo de 3,7 millones de libras en noviembre de 2020.

"Estas empresas, que no tienen facturación ni activos, y que de repente se ponen en acción para reclamar apoyo comercial deberían haber levantado banderas rojas para los bancos", explica Ben Cowdock, quien dirige la investigación de Transparencia Internacional en el Reino Unido. Detrás de la empresa de Beckwith hay un importante entramado internacional. El empresario es un reconocido donante del Partido Conservador de Boris Johnson.

Los criterios que debían cumplir las empresas para recibir los préstamos de emergencia dejaban poco espacios a la interpretación. Tenían derecho las empresas afectadas negativamente por la pandemia, con ingresos anuales de hasta 45 millones de libras. También necesitaban demostrar que habían generado más de la mitad de sus ingresos por la venta de bienes o servicios antes de que los bloqueos por coronavirus detuvieran la actividad. Además, debían presentar una "propuesta de endeudamiento que el prestamista consideraría viable, de no ser por la pandemia actual", según BBB.

Sin embargo, más de 85 empresas solo habían existido durante semanas, o como máximo unos pocos meses, antes de recibir préstamos del Estado. Una de ellas es Blue Ocean Topco Holding fundada por un exbanquero de inversiones, Gregory Pezzella, iniciando su actividad el 12 de agosto, según muestran los registros de Companies House, mucho después de que estallara la pandemia. Se le concedió 4,7 millones de libras.

"En perspectiva, los bancos podrían haber estado más atentos. Era un programa de emergencia y la gente ha buscado la oportunidad de abusar de las medidas" denuncia Frances Murray, asociada senior y experta en delitos financieros del bufete de abogados Rosenblatt en Londres. En el otro plano, estaba la emergencia de salvar al mayor número de empresas posibles, proporcionando liquidez.

Reino Unido diseño tres programas de préstamos de emergencia con una dotación de algo más de 79.000 millones de libras. Las medidas abarcaban pequeñas empresas a grandes corporaciones.

Entre las compañías más famosas que se beneficiaron de las ayudas se encuentra la firma financiera Greensill, que quebró hace unos meses, y de la cual no se espera que devuelva las ayudas. el Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes dijo que al priorizar la velocidad, el BBB "creó riesgos adicionales para el contribuyente", ya que los bancos aprobaron los préstamos con rapidez.

Entre las compañías con deficiencias en la concesión de los préstamos, destacan varias vinculadas a la City. Calibrate Legal Services, ilustra las posibles dificultades de recuperación. John White, exdirector gerente del fondo de cobertura GLG Partners y exjefe de negociación de acciones de Morgan Stanley, fundó Calibrate en 2018.En junio de 2020, la compañía presentó cuentas en el registro mercantil que mostraban que estaba inactiva hasta fines de 2019. Sin embargo, en Agosto de 2020, la compañía recibió un millón de dólares en forma de préstamo de emergencia.

Pasó menos de un año antes de que Calibrate entrara en liquidación voluntaria. Solo quedan 151.237 libras para los acreedores, incluido HSBC Holdings, según el informe de liquidación. HSBC es el único prestamista que figura entre los acreedores. La investigación apunta a que el mayor banco británico facilitó los préstamos a empresas ya quebradas y de la que forma parte como único acreedor. También se da en My Companiie que recibió un crédito de dos millones de libras. HSBC canalizó 3.500 millones de libras de los préstamos de emergencia, el 13% del total, lo que lo convierte en el segundo mayor prestamista entre los principales bancos del Reino Unido después de NatWest.

"Ninguna de estas empresas parece cumplir con los criterios de concesión de cédito"comenta el profesor de la Universidad de Cardiff. "Si una empresa está inactiva o no existía de antemano, la pandemia no habría interrumpido el negocio".

Los grandes bancos del Reino Unido dicen que hasta ahora están viendo buenas tasas de recuperación de los préstamos. Alison Rose, directora ejecutiva de NatWest, explicó en Bloomberg Television que los incumplimientos hasta ahora han sido mejores de lo esperado, con el 92% de los prestatarios pagando a tiempo.

El director financiero de Lloyds Banking Group, William Chalmers, también mostró una nota optimista el mes pasado. "Una proporción muy pequeña de CBILS ha entrado en una etapa inicial de impago. Lloyds otorgó alrededor de 2.500 millones de libras.

Pero es demasiado pronto para la tasa final de impago, ya que los prestatarios tienen hasta seis años para reembolsarlos. El Gobierno y el parlamento están intensificando sus esfuerzos para recuperar los fondos que vencen antes. El Parlamento está promoviendo un proyecto de ley para perseguir a los directores de empresas disueltas que tomaron préstamos de Covid. Mientras tanto, el gobierno ha contratado a una startup británica, Quantexa, que utiliza inteligencia artificial para detectar el fraude crediticio de Covid. Pero en algunos casos puede que ya sea demasiado tarde. El ministro de Hacienda ha reconocido que la persecución del fraude en los préstamos de emergencia no va a ser efectivo. "No se va a poder obligar a cumplir la ley a empresarios que ya están en el extranjero".