El secretario de Estado kazajo, Erlan Karin, atribuyó a "un ataque terrorista híbrido" los violentos disturbios que tuvieron lugar en su país a principios de enero.
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"Nos enfrentamos a un ataque terrorista híbrido cuyo objetivo era la desestabilización y un golpe de Estado en Kazajistán", declaró Karin al canal de televisión Khabar 24.

El funcionario, que se subordina directamente al jefe de Estado y le ayuda a trazar las directrices de política exterior e interna, expresó su desacuerdo con aquellos que comparan los recientes acontecimientos en Kazajistán a una revolución de colores.
"Las circunstancias en nuestro país son diferentes. Hay un gobierno bastante estable y varios factores más que habrían impedido ejecutar la variante clásica de una revolución de colores", opinó.
Karin denunció "una conspiración de fuerzas internas con ciertas fuerzas foráneas", alegando que los grupos de radicales violentos incluían a ciudadanos extranjeros, además de nacionales de Kazajistán.

El secretario de Estado mencionó también la implicación de criminales en la revuelta y el uso de métodos de guerra informativa.Se configuró "una situación muy crítica", según él.
"Cada hora, cada minuto eran decisivos, había que tomar medidas contundentes, drásticas y el presidente lo ha hecho", afirmó Karin.
El alto cargo kazajo realzó el papel del contingente de paz enviado a Kazajistán por sus aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)."La implicación de las fuerzas de la OTSC ha trastocado los planes de desestabilización. Gracias al contingente de paz, hemos podido concentrar nuestros recursos en la operación antiterrorista... ello ha permitido preservar la integridad del Estado", señaló.

La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.

A pesar de que una comisión gubernamental determinó después bajar los precios del combustible, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que se han saldado con al menos 164 muertos y más de mil heridos.

Entre los agentes del orden, según el Ministerio del Interior kazajo, las bajas ascienden a 16 muertos y más de 1.300 heridos.

Alrededor de 6.000 personas han sido detenidas hasta la fecha a raíz de los disturbios.

El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.

Además, solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a la "amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo.

La OTSC respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.

Las autoridades kazajas decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de mañana.

El 7 de enero, el presidente Tokaev dio a los cuerpos de seguridad la orden de disparar a matar contra los radicales violentos que se resisten a deponer las armas. Al mismo tiempo, el mandatario kazajo prometió presentar un plan de reformas en respuesta a las reivindicaciones de manifestantes pacíficos.