La justicia boliviana dio un alivio al Gobierno de Luis Arce al rechazar una demanda de varios ciudadanos contra el decreto que exige la presentación de carnet de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para ingresar a lugares públicos, informó la Alcaldía de La Paz.
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"Saludamos la disposición; se ha respetado el derecho a la vida, que es la norma suprema que rige el ordenamiento jurídico positivo", dijo el asesor jurídico de la Alcaldía de La Paz, Marcelo Aguilar, citado en un comunicado de la oficina municipal de prensa.

El abogado representó al alcalde Iván Arias en el debate, quien se manifestó en defensa del decreto.

El fallo judicial emergió en medio de la tensión provocada por grupos anti vacunas que han realizado marchas callejeras y anuncian un paro para la próxima semana exigiendo la anulación del decreto, cuya aplicación está suspendida hasta el 26 de enero.

La demanda de "acción popular", un recurso regularmente utilizado para revertir decisiones de autoridades, fue presentada por activistas de grupos que lideraban las protestas con el argumento de que el decreto cuestionado era "una coacción a todos los ciudadanos a cumplir con una vacunación obligatoria", reportó radio Erbol.


Aguilar dijo que el alcalde Arias apoyaba el decreto "para abogar por la vida, por el respeto a la salud pública" y en rechazo a una demanda que pretendía "atentar contra la salud pública y no resguardar la vida de los bolivianos".


Comentario: Es evidente que sus declaraciones carecen de cualquier valor y veracidad, y el pueblo boliviano parece no creerle en absoluto.


La exigencia de carnet de vacunación entró en vigencia el 1 de enero, como respuesta a un fuerte aumento de los contagios de COVID-19, y el Gobierno la declaró en suspenso temporal ante el estallido de protestas, algunas inclusive de sectores del oficialismo.

La norma ha provocado un fuerte aumento de la demanda de vacunas y de pruebas de COVID-19.