Michael Allison podría ser condenado a 75 años en la cárcel por grabar a la policía en un estado donde esta actividad es penalizada con la misma severidad que el abuso sexual.


Los vigilantes no permiten que se les vigile y, como una medida de protección a su impunidad, castigan férreamente en algunos estados de Estados Unidos este acto de transparencia. Una de las reacciones naturales de un ciudadano que, con razón, se siente vigilado y reprimido por la autoridad, es él mismo monitorear la actividad de las autoridades, pero en el caso de Michael Allison está actitud natural le puede costar una sentencia de 75 años en una prisión de Illinois.

En Illinois grabar a la policía o a las autoridades judiciales, delito de clase 1, se califica igual que la violación sexual.

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Allison había demandado a la ciudad de Robinson, Illinois, porque sus autoridades le impedían realizar su hobby, arreglar automóviles viejos. Sintiendo el agobio del poder, Allison grabó sus conversaciones con la policía. Cuando se llevó a cabo el juicio Allison fue arrestado por violar la privacidad de los oficiales. Es un poco irónico que se arreste a una persona por "violar la privacidad" de un oficial del gobierno cuando éste, en Estados Unidos, tiene derecho a violar la privacidad de las personas bajo el Patriot Act. El mismo Allison señala que la ley está hecha "para proteger a oficiales del escrutinio público".

En el mismo estado de Illinois está el caso de Tiawanda Moore, quien en una llamada casera por disturbios familiares fue manoseada por un policía y que cuando buscó denunciar al oficial, la burocracia policial la obligó a desistir de su denuncia.

Referencia: Huffington Post