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Ayman Hamida, habitante de Ezariya, en Jerusalén oriental, había sido sentenciado por 17 delitos, entre ellos disparar contra un puesto de la policía fronteriza israelí en septiembre de 2009. Los interrogadores lo golpearon, lo escupieron, intentaron asfixiarlo y lo privaron de alimentos, relató.
Pero en su testimonio ante un tribunal militar, Hamida se retractó de esa confesión porque, afirmó, lo amenazaron con una detención administrativa a él y a sus familiares también. "Lo intimidaron diciendo que traerían a su hija y la interrogarían. También arrestaron a su hermano e intentaron usar esto para obtener una confesión", explicó Labib Habib, uno de los dos abogados que representaron a Hamida. El otro defensor fue Tarek Barghout.
"Luego lo llevaron ante alguien que dijo ser un prisionero común, pero en realidad trabajaba para el Shabak (acrónimo hebreo de los Servicios de Seguridad General de Israel, también conocido como Shin Bet). Lo golpearon y le dijeron que tenía que demostrar que era un buen muchacho, confesando lo que había hecho", dijo Habib a IPS.
