Desde el 11 de septiembre de 2001, en la Unión Europea hemos asistido a una inflación normativa en materia antiterrorista, tanto a nivel europeo como, sobre todo, de los Estados miembros, que comprende una expansión de los ámbitos a los que se aplica el concepto de terrorismo. Las políticas antiterroristas son competencia fundamentalmente de los gobiernos nacionales, aunque durante la última década se haya reforzado la cooperación europea.
© DesconocidoGrupos de extrema derecha violentos son "vándalos", grupos de inspiración islamista son "terroristas"
Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ninguna evaluación completa y detallada de las políticas antiterroristas adoptadas en los últimos catorce años a nivel nacional y europeo que analice tanto su eficacia en relación con los objetivos oficialmente propuestos como su impacto en los derechos y libertades de los ciudadanos. En el marco de la UE, el Parlamento Europeo realizó una petición en este sentido en 2011, y ésta fue también una de las conclusiones del proyecto
SECILE (Securing Europe through Counter-terrorism: Impact, Legitimacy and Effectiveness), realizado por un consorcio que incluía al King's College de Londres o la ONG
Statewatch y financiado por la propia UE. Dicho proyecto trató de catalogar todas las medidas antiterroristas adoptadas por la UE desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el verano de 2013: unas 239, sin incluir medidas "operacionales" y "no legislativas", la cooperación con terceros Estados ni las medidas de origen puramente nacional. Los momentos de mayor impulso normativo coinciden con los momentos posteriores a los atentados de Madrid en 2004 y de Londres en 2007.
Los resultados del proyecto Secile mostraron cómo la UE apenas había utilizado los mecanismos existentes de evaluación ex-ante y ex-post de impacto y cómo cuando se aplicaron lo hicieron de modo que "
ignoraron cuestiones cruciales sobre libertades civiles y derechos humanos, necesidad y proporcionalidad, rendición de cuentas y control democrático". Por otro lado, otros proyectos financiados también por la UE (ETTIS, IRIS) han demostrado cómola vigilancia masiva no mejora la percepción de seguridad. Sin embargo, no parece que la mano derecha de la UE (los ministros de Interior de los 28 Estados miembros que se reúnen en el Consejo) quiera tener muy en cuenta lo que descubre su mano izquierda.
Comentario: Lo cual no es nuevo, seria un poco ilógico pensar que Estados Unidos impulsará un tratado internacional en el que ellos no tengan la ventaja todo el tiempo, y es más, su actitud a este tipo de iniciativa se hace evidente cuando se observa como tratan los avances del BRICS.
Miren nuestros análisis sobre el BRICS: