Un hombre que pinta retratos en la Plaza Mayor es conminado a levantarse e irse de la plaza por la seguridad privada de los comercios porque los hosteleros han contratado a su propio dibujante de caricaturas. Mientras, en la Puerta del Sol, los afectados por las preferentes son expulsados por los guardias de seguridad del kilometro 0 porque el ruido de sus proclamas puede molestar a los clientes de las terrazas que ocupan el centro neurálgico de Madrid.
Son situaciones ficticias que ya son realidad en barrios de EEUU y Londres y pueden darse en España si el gobierno impulsa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular de gestión de áreas comerciales urbanas.
© Fernando Sánchez
Graffitis contra la videovigilancia en el barrio de Lavapiés.
La Comisión de Economía del Congreso con una propuesta del PP ha instado al gobierno a que instaure en España unos barrios comerciales de gestión público-privada, o lo que es lo mismo, la importación de los
Business Improvement Districts (BID), unos barrios para comerciantes con muchos recursos que pagan más impuestos a cambio de unos servicios públicos de mayor calidad gestionados por los mismos comerciantes.
Los BIDs son organizaciones privadas autorizadas por las administraciones públicas que prestan servicios complementarios de mayor calidad tales como limpieza, seguridad pública, promoción y publicidad, embellecimiento y mejoras de los espacios. Los servicios premium son financiados por una contribución extra pagada por los dueños de las propiedades de los barrios o distritos. La cuota es acordada por la colectividad privada y recaudada por la ciudad que a su vez devuelve al BID en servicios locales de mayor calidad.
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