Los Dueños del Circo
El informe anual sobre la Protección de Civiles en Conflictos Armados indicó también que un total de 2.754 civiles afganos murieron y otros 4.805 resultaron heridos el año pasado durante la operación militar estadounidense en el país. La cifra total de víctimas mortales registradas en los últimos seis años en Afganistán ascendió así a 14.728. Asimismo, la ONU destacó un aumento alarmante de un 20% en el número de mujeres y niñas afganas asesinadas y heridas en 2012.
De acuerdo con los datos del Ejército de EE.UU., en 2012 los drones se destinaron principalmente al territorio afgano realizando unos 450 ataques en total.
La 13ª enmienda de la Constitución de EE.UU. que abolía la esclavitud fue ratificada por el Congreso en 1865. Sin embargo, algunos estados aplazaron la ratificación. Así, la última votación en Misisipi no se celebró hasta 1995, aunque en aquella ocasión el procedimiento no se concluyó correctamente.
El error salió a la luz gracias al profesor Ranjan Batra del centro médico de la Universidad de Misisipi, que decidió averiguar la vigencia de la esclavitud en el estado tras ver la película 'Lincoln' (filme biográfico sobre Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de EE.UU., que abolió la esclavitud en este país), dirigida por Steven Spielberg y estrenada en EE.UU. en 2012.
Dos años después de las revueltas que desembocaron en la caída de Gaddafi, Libia está lejos de ser un país democrático y se encuentra destrozado por las mismas fuerzas que lo invadieron, creen los expertos.
El segundo aniversario de las revueltas ha estado marcado por la explosión de un coche bomba en la ciudad de Bengasi, conocida como la cuna de la revolución. Sin embargo, el suceso no ha impedido las celebraciones. Los habitantes salieron a las calles pese a las restricciones aplicadas por el Gobierno para mantener el orden y la tranquilidad, en el contexto de reiterados llamamientos a derrocar el nuevo Ejecutivo que, según algunos ciudadanos, no cumple con el rumbo democrático.
Más de sesenta mil campesinos e integrantes de organizaciones sindicales y ambientalistas marcharon por la ciudad de México el 31 de enero para evitar este destino. Fue una de las mayores movilizaciones hasta ahora para rechazar las maquinaciones de Monsanto, y no es ninguna coincidencia que tuvo lugar en el corazón del Imperio Azteca.
Olegario Carrillo, presidente de la organización de campesinos, indígenas y pequeños productores UNORCA, se dirigió a la multitud en el Zócalo: "Durante los últimos 30 años, los sucesivos gobiernos han tratado de acabar con nosotros. Han promovido medidas para arrebatarnos nuestras tierras, nuestra agua, nuestras semillas, variedades de plantas y animales, los conocimientos tradicionales, mercados. Pero nos negamos a desaparecer".
"Para los campesinos, los transgénicos representan saqueo y control", afirmó.
Con decenas de miles de personas gritando "¡No al maíz transgénico en México!" y "¡Fuera Monsanto!", la manifestación mostró el músculo de un inusual movimiento de base para proteger a los pequeños y medianos agricultores y a los consumidores. También puso de manifiesto un notable éxito de la educación pública y la organización social en las últimas décadas sobre un tema que Monsanto y otras empresas importantes de biotecnología esperaban poder deslizar por debajo del radar de las personas más afectadas por el mismo.
En el primero caso de este tipo en un tribunal francés, el agricultor de cereales Paul François dice que sufrió problemas neurológicos, incluida la pérdida de memoria, dolores de cabeza y tartamudeo tras inhalar el agente químico Lasso de Monsanto en 2004.
Culpa al gigante del sector agrario de no ofrecer suficientes advertencias en la etiqueta del producto.
Un tribunal en Lyon, al sureste de Francia, pidió una opinión experta para establecer la suma de daños. No fue posible contactar de inmediato con abogados de Monsanto para que comentaran la información.
Anteriores reclamaciones de agricultores habían fracasado por la dificultad de establecer vínculos entre la enfermedad y la exposición a pesticidas. "Estoy vivo hoy, pero parte de la población agrícola va a ser sacrificada y va a morir por esto", dijo François, de 47 años, a Reuters.
Pero el caso puede dejar de ser un simple fraude de etiquetado para convertirse en un problema de seguridad alimentaria. El ministro de Agricultura británico, David Heath, ha informado hoy de que su departamento ha detectado rastros de fenilbutazona, un potente analgésico que puede resultar perjudicial para la salud de las personas, en restos de caballos sacrificados en mataderos británicos y ha advertido de que parte de esta carne puede haber entrado en la cadena alimentaria humana.
En concreto, según Heath, los análisis han confirmado la presencia de esta sustancia, que se utiliza para calmar el dolor en las articulaciones de los animales, en ocho de las 206 muestras de equinos analizadas en los últimos días, dentro de la investigación que el Gobierno británico está realizando para averiguar de dónde procede el caballo que se está vendiendo como si fuera ternera en varios países europeos, entre ellos Reino Unido. El ministro ha alertado de que una parte de la carne que ha dado positivo fue exportada a Francia y ha podido ser comercializada para consumo humano. La Agencia de Seguridad Alimentaria (FSA) "está trabajando ya con las autoridades francesas para tratar de eliminarla de la cadena alimentaria", ha asegurado.
La Comisión Europea pidió ayer a los países miembros que realizaran análisis masivos para averiguar el alcance del escándalo de la carne de caballo que ha entrado en la cadena alimentaria europea escondida en hamburguesas y platos preparados. Aunque hasta ahora el Ejecutivo comunitario ha considerado este asunto como un mero asunto de fraude de consumo, ayer pidió a todos los países miembros que realicen pruebas a los productos de vacuno y que además analicen la carne de caballo fraudulenta para ver si contiene restos de fenilbutazona, lo que podría constituir un problema de seguridad alimentaria.
En EE.UU. los ciudadanos denuncian el uso de los polígrafos por parte de las autoridades y se quejan de las preguntas personales que se realizan en determinadas entrevistas de trabajo.
Para acceder a un empleo relacionado con información confidencial sobre la defensa nacional, los estadounidenses se ven obligados a pasar la prueba del detector de mentiras. El Gobierno de Obama prometió restringir el uso de estos exámenes para no infringir la legalidad, pero mientras tanto los que se someten a las pruebas tienen que responder a preguntas que están muy lejos de ser las propias de las entrevistas de trabajo para puestos relacionados con la seguridad nacional.
El diario Haaretz, basado en Tel Aviv, describe así la situación: el sueldo de Netanyahu es de US$12.690 mensuales. Además, el gobierno cubre los gastos de su residencia en Jerusalén.
Éstos incluyen, entre otros: alimentación, jardinería, limpieza, electricidad, agua, impuestos municipales, teléfonos, ropa para él y su esposa, limusina y chofer y maquillaje.
La denuncia fue presentada por un grupo de lucha contra el cáncer por considerar que la compañía Myriad Genetics, que es propietaria de la patente de los genes BRCA1 y BRCA2 ligados al cáncer de mama y de ovario, posee un monopolio injusto sobre un gen de origen natural.