El Presidente Barack Obama proclamó el 15 de diciembre el "Día de la Carta de Derechos", y destacó que las diez primeras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos son "la base de la libertad estadounidense, ya que garantizan nuestros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, de reunión y de practicar nuestra fe de la manera que elijamos, hasta las protecciones que garantizan la justicia en virtud de la ley", afirmó. Al día siguiente, el Juez de Distrito de Estados Unidos Richard J. Leon calificó las políticas de vigilancia de Obama de "casi orwellianas" en un fallo que determinó que la recopilación masiva de metadatos de llamadas telefónicas de estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) probablemente sea inconstitucional. Como si eso no fuera suficiente, el propio grupo de trabajo nombrado por el Presidente para estudiar el tema, el Grupo de Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones, entregó su informe, que fue publicado por la Casa Blanca esta semana y contiene 46 recomendaciones de cambios.

Uno de los asesores del panel, Sascha Meinrath, del Open Technology Institute, se mostró escéptico. Meinrath me dijo: "He expresado públicamente mi preocupación con respecto a la independencia de este grupo. Soy uno de los 47 expertos en tecnología que envió una carta al Presidente para decirle 'un panel de revisión tecnológica debe estar integrado por personas con pericia tecnológica'. Lamentablemente, mi comentario no fue tenido en cuenta. También me preocupaba mucho que este panel de cinco miembros esté enteramente compuesto por personas que forman parte de la comunidad de inteligencia y funcionarios del gobierno. No creo que sea posible realizar una revisión realmente independiente de la vigilancia cuando hay tanta gente vinculada directamente a las instituciones que la llevan adelante. Y creo que esto es aún peor debido a que el panel de revisión funciona bajo la órbita de James Clapper, bajo la órbita de la misma institución que debería estar siendo supervisada en forma independiente".

La reciente elección de Michelle Bachelet como nueva presidenta de Chile abre diversos interrogantes. ¿Podrá avanzar en una Reforma Constitucional que derribe la institucionalidad heredada del pinochetismo? ¿Qué hará en relación a la integración regional, considerando que Chile fue - y es- dinamizador de la Alianza del Pacífico? ¿Cómo actuará respecto a la demanda marítima de Bolivia, impulsada por su presidente Evo Morales? Fue el propio Morales quien se preguntó sobre el nuevo gobierno chileno y sus desafíos.

La revista argentina "La Garganta Poderosa" entrevistó, para su número de diciembre, a Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo habló sobre temas de la coyuntura política internacional: la política de EE.UU. ante América Latina; el asilo a Snowden; Monsanto y los agrotóxicos, entre otros. Sin embargo, ante la opinión pública de nuestro continente fueron sus dichos sobre el próximo período de gobierno de Bachelet en Chile los que causaron mayor revuelo, sobre todo si a eso le sumamos la distante relación que ya hay con el actual gobierno de Piñera, producto de varios "choques" diplomáticos en cumbres presidenciales a raíz del legítimo pedido de salida al mar para Bolivia.

El presidente estadunidense Barack Obama recibió este martes a las mayores empresas de Internet y de las telecomunicaciones de Estados Unidos, alarmadas por la vigilancia ejercida por las agencias de inteligencia.

Los donantes de Arabia Saudita han jugado un papel crucial tristemente célebre en la creación y el mantenimiento de grupos yihadistas suníes durante los últimos 30 años. Pero, a pesar de toda la supuesta determinación de EE.UU. y sus aliados desde el 11-S de librar "la guerra contra el terror", estos han mostrado sorprendente restricción cuando se trata de presionar a Arabia Saudita y a las monarquías del Golfo para que dejen de apoyar económicamente las actividades de los yihadistas.

Comparemos dos pronunciamientos estadounidenses que subrayan la importancia de esas donaciones y que basan sus conclusiones en la mejor inteligencia disponible al gobierno de EE.UU. El primero se encuentra en el Informe de la Comisión del 11-S que estableció que Osama bin Laden no financió al Qaida porque desde 1994 tuvo poco dinero propio sino se basó en sus vínculos con acaudalados individuos saudíes establecidos durante la guerra afgana en los años ochenta. Citando, entre otras fuentes, un informe analítico de la CIA de fecha 14 de noviembre de 2002, la comisión concluyó que "al Qaida parece haberse basado en un grupo principal de facilitadores financieros que juntaron dinero de diferentes donantes y recolectores de fondos primordialmente en los países del Golfo y particularmente en Arabia Saudita".

Siete años pasaron desde que se escribió el informe de la CIA durante los cuales EE.UU. invadió Iraq combatiendo, entre otros, a la recién instalada franquicia iraquí de al Qaida, y se involucró en una guerra sangrienta en Afganistán con los renacientes talibanes. Drones estadounidenses son disparados a supuestos objetivos vinculados con al Qaida ubicados por doquier desde Waziristán en el noroeste de Pakistán a aldeas en las colinas de Yemen. Pero durante este tiempo Washington no logra emitir más que unas pocas suaves amonestaciones a Arabia Saudita por su promoción de la militancia fanática y sectaria suní fuera de sus propias fronteras.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha aprobado una vez más una indebida resolución, lanzada por Canadá, en contra de la República Islámica de Irán.
Fue aprobada el miércoles con 83 votos a favor, 36 en contra y 62 abstenciones, en el marco de un documento elaborado por el Gobierno de Canadá, una Administración que tiene un historial negro en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas.

Este polémico plan, al no considerar las diferencias comunes en los sistemas jurídicos comparados, como uso del látigo o ejecuciones, declara mentiras sobre violencias contra los presos en Irán.

A juicio del representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mohamad Jazai, Ottawa no quiere ver los progresos del país persa en materia de derechos humanos, lo que le impulsa a lanzar un documento que es ajeno a la realidad".

Los refugiados sirios en Líbano recelan del verdadero objetivo de los anunciados ataques occidentales. "Nos han bombardeado durante dos años y medio sin que nadie responda a esos ataques. ¿Por qué deberían responder ahora?"
El tiempo parece haberse parado en el edificio que debería albergar la Universidad Imam Ozei de Sidón, desde hace año y medio convertido en un improvisado centro de refugiados donde se hacinan 165 familias sirias huidas de los combates de su Hama natal.

Mujeres y niños acarrean agua desde una fuente cercana mientras los jóvenes juegan al fútbol y los adultos se enzarzan en interminables conversaciones políticas acompañadas de café y tabaco. Nadie parece especialmente inquieto ni aliviado por la posibilidad de un ataque occidental contra Damasco. "A nosotros nos están bombardeando desde hace dos años y medio", dice Ahmed Said, agricultor y veterano en el edificio, de 61 años. "Primero fue con armas automáticas, luego artillería pesada, después con carros de combate, más tarde con aviación, luego con misiles y con barriles explosivos y finalmente con armas químicas. Y nadie ha respondido a esos ataques. ¿Por qué lo iban a hacer ahora?".

El anteproyecto redactado a pedido de Cristina Kirchner por una comisión que preside el juez de la Corte Suprema propone además eliminar la reincidencia y no castigar delitos "irrelevantes".
De aprobarse esta propuesta, en el nuevo Código Penal se eliminarán dos figuras que, en opinión de los redactores, se usan para estigmatizar y perseguir a los más débiles: la reincidencia y la peligrosidad. La definición es sorprendente, si se considera además que esta doctrina se viene aplicando hace tiempo y explica que -por citar un caso- delincuentes como Juan Ernesto Cabeza haya podido cometer un nuevo asesinato el de Tatiana Kolodziey, en Resistencia, en octubre de 2012- porque un juez le concedió el beneficio de la libertad condicional pese a que ya había cometido otros delitos de ese tipo. Es difícil ver una estigmatización en este caso; sí, en cambio, una de las causas de los altos niveles de inseguridad que se viven hoy en Argentina.

Traducido por el equipo de SOTT

Intimidantes y estimulantes diez horas y media viendo los asesinatos de JFK, RFK y MLK con excursiones al crimen organizado, el control mental y Jonestown.

Una mezcla de diversas fuentes de noticias, reportajes, documentales, piezas de entrevistas. Pruebas de falsificación es, sobre todo, un infierno de documentos sobre asesinatos históricos, sin importar cual sea el tema.

La tesis de la película es que los asesinatos de John F. Kennedy, su hermano Robert Kennedy y Martin Luther King fueron todos conspiraciones perpetradas por personas relacionadas con el gobierno (LBJ, CIA) y cubiertas en parte gracias a J. Edgar Hoover. No sé si la película llega a demostrar quién estaba realmente detrás de los asesinatos. Sin embargo, gracias a la utilización de simples imágenes de las noticias, estas ponen de manifiesto que algo más del relato reportado en los libros de historia se estaba tramando.

Yo no voy a meterse en una discusión sobre la conspiración que la película propone. Esto no es pereza por mi parte ni es ningún tipo de comentario acerca de la validez o la falta de ella, es simplemente que la totalidad de la serie es de diez horas de duración y que cualquier discusión detallada de los materiales ocuparía la mayor parte de una gran libro. También requeriría sentarse y pasar varias semanas yendo hacia atrás y hacia adelante a través de la serie, que para este escrito es un tiempo que no tengo. Las piezas de la parte uno se vinculan con la parte seis. Es un logro impresionante y el hecho de que se pueda llegar a través de algunos contratiempos técnicos y sobresaltos debido a la variedad de fuentes de la película, da mucho que pensar.

Se acerca el momento de la conferencia Ginebra 2 y los organizadores estadounidenses ya no tienen ninguna marioneta disponible para hacer el papel de revolucionarios sirios. La brusca desaparición del Ejército Sirio Libre demuestra a quienes creyeron en tal cosa que aquello nunca pasó de ser una ficción.

Nunca existió la supuesta revolución popular en Siria, sino una agresión externa orquestada a golpe de mercenarios y de miles de millones de dólares.
Los organizadores de la conferencia de paz Ginebra 2 están buscando con urgencia un representante para la oposición siria armada. Según los occidentales, el conflicto sirio se desarrolla entre una dictadura abominable y su propio pueblo. Pero los grupos armados que están destruyendo Siria - desde el Frente Islámico, que afirma que sus miembros son principalmente sirios, hasta al-Qaeda - están recurriendo oficialmente al uso de combatientes extranjeros. Invitarlos a Ginebra 2 sería por lo tanto reconocer que nunca hubo en Siria una revolución sino que se trató de una agresión externa.

Las cinco empresas de la patronal UNESA, representadas por el Ministerio de Industria, lanzan una ofensiva contra los pequeños productores de energía.

La reforma del sector eléctrico que está a punto de aprobar el PP en solitario en las próximas semanas tiene como fin último la perpetuación de un modelo eléctrico que este año generará para esas compañías unos beneficios superiores a los 6.300 millones de euros. Esto a pesar de que la demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de noviembre ha descendido un 0,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Como nos recuerdan desde Ecologistas en Acción, "en los once primeros meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo ha sido un 2,5% inferior al del año pasado. La demanda eléctrica bruta en este periodo ha sido de 224.513 GWh [Gigavatio hora], un 2,6% menos que en el mismo periodo de 2012".

Esos beneficios se logran a costa de tres subidas en la factura eléctrica en el presente año, de ser el tercer país europeo con la factura más cara, sólo después de Chipre e Irlanda, de arrojar a más de dos millones de familias a la pobreza energética - según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) - , de desequilibrar la balanza comercial española debido a las importaciones de recursos naturales para generar electricidad por valor de 45.000 millones de euros y de seguir contribuyendo de manera decidida al cambio climático.