Mónica de Oriol, presidenta de Seguriber, en una imagen de archivo.
Hasta ahora les venía renovando los contratos de escolta de altos cargos y dirigentes políticos del PP en el País Vasco que siempre rechazaron la protección de la Ertzaintza, pero el abandono de la 'lucha armada' decidido por ETA no permitía al Gobierno justificar las prórrogas de los contratos de seguridad.
Tal como adelantó cuartopoder.es, la compensación arbitrada por Interior consiste en adjudicar a las empresas que han dejado de prestar protección en el País Vasco algunas tareas de seguridad en las 67 prisiones dependientes del Gobierno central. Se trata de cometidos como el control de entradas y salidas, la vigilancia de los perímetros carcelarios para que los presos no escapen y la videovigilancia interior, que hasta ahora realizaba el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
El ministro ha decidido que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dediquen a las "funciones exclusivas de ellos" como la custodia de los presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos. Para asignar los demás cometidos policiales a las empresas privadas de seguridad, Fernández Díaz ha obtenido el visto bueno del Consejo de Ministros a una partida de gasto de 33.387.743,03 euros.
Comentario: Qué poca vergüenza! Dicen que no tienen dinero para alimentar a todos los niños que tras el cierre de los comedores escolares no tienen nada que llevarse a la boca, pero sí lo tienen para empresas que se han estado beneficiando del terrorismo.
España: Acusan a Mayor Oreja de beneficiarse económicamente del terrorismo de ETA en "Salvados"(vídeo)