
Tras la aprobación de la ley, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos se han mostrado "muy preocupadas".
El presidente Barack Obama firmó el pasado 31 de diciembre la ley federal, que ha sido promulgada durante los últimos 49 años para determinar el presupuesto y los gastos del Departamento de Defensa del País. La novedad de este año es la sección 1021, que amplía el poder del gobierno federal de EE.UU. para luchar contra el terrorismo aprobando la detención indefinida de sospechosos.
El abogado principal de la Oficina legislativa de la Unión Americana por las Libertades Civiles en Washington (ACLU, por su sigla en inglés), Christopher Anders, precisó que "esto supone una gran contradicción porque Estados Unidos le ha dicho a otros países durante años, que no detengan a personas sospechosas sin llevarlas a juicio".
Según Anders, el problema de la nueva legislación "escrita de una forma muy vaga", es que le otorga a la autoridad estadounidense la potestad de utilizar a la fuerza militar para encarcelar indefinidamente a las personas que considere sospechosas, pese a que estén lejos de cualquier campo de guerra.