Se trata de un arma de indudable utilidad para las fuerzas de seguridad, pero puede presentar problemas de constitucionalidad y chocar de frente con derechos fundamentales.
© ReutersEl estado de este modo estaría en condiciones de acceder sin restricciones a información personal y privada
El borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia - encargado por el departamento que dirige
Alberto Ruiz-Gallardón a una comisión de expertos coordinada por su secretario de Estado - permite a los jueces que autoricen a la policía la instalación de troyanos en los ordenadores de los investigados para obtener la información que contienen o a la que se puede acceder a través de ellos. El texto prevé el acceso remoto de equipos informáticos - lo que incluye tabletas y teléfonos inteligentes - para delitos con penas máximas superiores a tres años, para el cibercrimen y para el terrorismo y el crimen organizado siempre que el juez justifique la proporcionalidad de la intervención. Hasta el momento,
solo Alemania ha aprobado una regulación similar, aunque solo para casos de terrorismo, ante la invasión de la intimidad que supone.
El borrador recoge esta posibilidad en su artículo 350, que permite al Tribunal de Garantías - el que supervisa la instrucción del caso, que en la propuesta de Justicia dirige el fiscal - la autorización "a petición razonada" del ministerio público de "
la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento del titular o usuario del contenido de un ordenador". Es decir, permite la instalación de un troyano, uno de esos programas maliciosos - spyware, aunque en este caso utilizado para fines legítimos - que se instalan a distancia en un ordenador para poder controlar su contenido de forma remota sin que su propietario o usuario lo advierta.
El ministerio asegura que, aunque
el borrador elaborado por los expertos será la base de su anteproyecto, por el momento no hay decisión tomada sobre registro remoto de ordenadores. "Escucharemos con atención lo que nos digan sobre este asunto, pero no tomaremos la decisión hasta que hayamos analizado las conclusiones que nos hagan llegar desde distintos ámbitos y colectivos", asegura una portavoz de Justicia.
