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Dos casos recientes de violencia contra la mujer salvadoreña, han vuelto a encender la señal de alarma en torno a este tipo de hechos. El primero, Silvia Rivera de 37 años, quien falleció en un hospital público donde era atendida desde el 13 de junio, después de ser quemada con combustible por su compañero de vida, Manuel Bermúdez. Según las versiones de prensa, Bermúdez quemó a su mujer tras rociarla con gasolina y atarla a una silla, luego de una discusión, en un barrio de la periferia de San Salvador.
El segundo caso, en circunstancias similares, pero sin llegar a un desenlace fatal, se registró en el área rural. Jorge Alberto Cisco, fue acusado de amarrar de pies y manos a su mujer, Jennifer Escalante, rociarla con gasolina y quemarla en varias partes del cuerpo, principalmente en las piernas. En su declaración, la mujer, de 27 años de edad, dijo a los agentes policiales que su pareja había llegado a la casa con una botella de plástico en la mano que contenía sustancias inflamables. Posteriormente, la ató de manos y pies, vació el contenido de la botella sobre ella y encendió un fósforo. Al ser cuestionado por la policía sobre las acusaciones de su compañera de vida, el imputado manifestó que "tenían problemas, como toda pareja".
Pero,
¿se trata de problemas estrictamente circunstanciales de naturaleza individual o de comportamientos individuales extendidos y de gran prevalencia en la sociedad? Según datos de Naciones Unidas, en 2011
El Salvador registró al menos 647 feminicidios, sólo superados en Centroamérica por los 705 de Guatemala. En 2012, las autoridades salvadoreñas registraron al menos 2.493 denuncias por violencia intrafamiliar. Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), elaborado con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), plantea que en los 30 últimos años, la comunidad internacional ha reconocido cada vez más la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, violación de derechos humanos y barrera al desarrollo económico. El documento revela una serie de hallazgos en torno a la violencia contra la mujer, en 12 países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.