El Gobierno boliviano ha encontrado al culpable de la escasez de alimentos, el contrabando, y ha decidido emprender la lucha con un proyecto de Ley con el que busca combatir la salida de mercancías del país. Esta medida permitirá recompensar a los denunciantes con un porcentaje, de entre el 20 y el 40%, del valor e las mercancías incautadas.

La falta de alimentos básicos para el consumo en el país, más concretamente la escasez de azúcar, está levantando ampollas en el Gobierno. Las manifestaciones contra la crisis alimentaria se suceden día a día en Bolivia y el Ejecutivo ha decidido poner fin a la situación persiguiendo la salida ilegal de mercancías, especialmente alimentos y carburantes, a los países vecinos. Como ya ocurrió con la gasolina, se ha identificado al contrabando como principal responsable de la grave situación que atraviesa el país.

El azúcar, el arroz, la harina, el aceite son productos subvencionados directa o indirectamente en Bolivia, por lo que en otras zonas de la región, como en Perú, su precio en el mercado es más elevado. La escasez de alimentos ha puesto en evidencia el contrabando de exportación de alimentos bolivianos. El Gobierno de Evo Morales ha emprendido la cruzada contra la salida de estos productos y busca la colaboración de una población desabastecida.

El proyecto de Ley recoge incentivos económicos a las denuncias de contrabando. El Gobierno premiará a los denunciantes con un porcentaje del valor de la mercancía incautada, para la que se ha fijado una recompensa del 20% para los delatores individuales y hasta un 40% para los colectivos. La lucha contra el contrabando será coordinada por la Agencia para el desarrollo de Macroregiones y Zonas de Fronteras (Ademáf), dirigida por el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, implicado en el caso de los 33 camiones de contrabando incautados en 2009.

* Cada día son asesinadas dos mujeres en Guatemala | Otra más en Ciudad Juárez (México).
* La falta de interés de los Gobiernos por aplicar la ley, la corrupción, la militarización y el narcotráfico están detrás del incremento de la violencia contra las mujeres.
* Expertos internacionales analizan en Madrid las vías jurídicas para combatir la altísima impunidad de los feminicidios en áreas de Latinoamérica.
* Rashida Manjoo: "No hay ningún país en el mundo bueno para nacer mujer".

Si el mapa de los feminicidios tuviera forma de país, Ciudad Juárez sería la ciudad emblema, pero la capital estaría ubicada en algún punto de Guatemala o El Salvador -donde el número de asesinatos de mujeres violadas, mutiladas y semienterradas superan la media de una mujer muerta al día de la ciudad mexicana.

El denominado 'triángulo de la violencia', la zona más peligrosa para nacer mujer, está formado por Guatemala, Honduras y El Salvador (1.798 mujeres muertas en 2009). Las asociaciones de defensa de los derechos humanos denuncian en estos países un rampante incremento de los homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres y, lo que es aún peor, un desinterés institucional que deja impunes el 77% de estos crímenes.

"Es una pandemia", denuncia Graciela Atencio -editora del portal de Internet feminicidio.net-, "En Guatemala, cada día matan a dos mujeres" (610, en 2010). En El Salvador, país de 6 millones de habitantes, el año pasado murieron violentamente 560 mujeres. Como si en la Comunidad de Madrid aparecieran tiradas en las cunetas 560 muertas al año.

América Latina muestra un cuadro grave de violencia contra las mujeres. La amplitud del fenómeno ha convertido este tipo de criminalidad en una auténtica pandemia, como señaló Amparo Alcoceba, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III (Madrid), durante las jornadas Iberoamérica frente al feminicidio: El fin de la impunidad, organizadas por este centro y Casamérica, que, durante el martes y el miércoles reunieron en Madrid a un amplísimo grupo de expertos en esta lacra social.

El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y niñas en el triángulo negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales, afirmó la relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo.

"¿Por qué los hombres emplean la violencia contra las mujeres? Porque pueden". Así de taxativa se mostró Rashida Manjoo. El feminicidio o femicidio (según los países), palabra que aún no recogen los diccionarios, como señaló Miguel Llorente, delegado del Gobierno español para la violencia de género, se considera una de las formas más violentas de criminalidad, un crimen extremo, porque atenta contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. "Y sorprende que la respuesta no sea igual de importante que en otros casos de violencia, como por ejemplo el terrorismo", afirmó Llorente. "Todo se reduce a un problema de visibilidad."

En El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la última década, macabro porcentaje que convierte al país centroamericano en la nación con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Según datos de la policía salvadoreña, de enero a octubre de 2010 se registraron 477 asesinatos de mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte de mujeres. Entre 2001 y 2010 fallecieron por causas violentas unas 5.300. A pesar de que el país guatemalteco es pionero en la legislación contra este tipo de crímenes, con la aprobación en 2008 de la Ley contra el Femicidio, la cifra ha aumentado un 400% en los últimos años. El caso de Honduras no es diferente: entre 2003 y 2010 murieron 1.464 mujeres, de las cuales, el 44% eran mujeres jóvenes, entre 15 y 29 años.

José Romero había sido condenado a 14 meses de prisión, pero, hasta ayer, nunca había pisado la cárcel. El juez decretó la suspensión de la sentencia al ser inferior a dos años y carecer de antecedentes. A cambio, debía hacer un curso sobre igualdad. Había asistido a ocho sesiones. El martes, el día del asesinato, tenía la novena clase.

La situación de libertad de la que disfrutaba el acusado puede parecer una excepción. Pero no lo es. La mayoría de los penados por malos tratos no llega a entrar en prisión. Así al menos lo reflejan las estadísticas policiales y judiciales. El año pasado, hubo 2.360 detenidos en la provincia por esta causa. En 2.009, los juzgados malagueños dictaron 2.200 sentencias condenatorias. En la cárcel de Alhaurín, sin embargo, solo hay 98 reclusos por delitos motivados por la violencia machista. Es decir, menos del 5%.

El motivo al que aluden fuentes penitenciarias es que el abanico de conductas relacionadas con el maltrato es muy amplio. «La mayoría de los casos se refieren a insultos, amenazas o agresiones leves, que suelen acarrear condenas inferiores a dos años de cárcel», indicaron. Si ocurre -como en el caso del presunto asesino de Susana María Galeote- que el maltratador no tiene antecedentes, se puede decretar la suspensión de la sentencia condicionada al cumplimiento de un curso sobre igualdad, que tienen como finalidad la reinserción de los condenados por este delito.

Si faltan al curso, a prisión

Estos programas de tratamiento son impartidos, entre otros, por psicólogos en el Centro de Inserción Social (CIS), en el polígono Guadalhorce. Actualmente, hay unos 130 condenados que siguen estos seminarios, denominados de educación sexual. Uno de ellos era José Romero. «La suspensión de la sentencia a cambio del curso implica que no se puede faltar ni un solo día; de lo contrario, se le notifica al juez y el penado ingresa en prisión», explicaron fuentes penitenciarias, que reconocieron que, aunque muy pocos, algunos incumplen esta segunda oportunidad y acaban entre rejas.

Cuando se inauguró en 2005, la Prisión Estatal de Kern Valley en el occidente de Estados Unidos fue considerada "de última generación". Pero en pocas semanas se descubrió un grave problema: el agua que brindaba a los reclusos estaba envenenada.

El líquido contenía casi el doble del nivel máximo de arsénico permitido por las leyes federales. El arsénico es un peligroso cancerígeno.

Pero nada se ha hecho desde entonces en esa prisión de máxima seguridad, cuya construcción requirió una inversión de 379 millones de dólares.

"Realmente no les importa", dijo Bertha Nava, madre de uno de los presidiarios que durante más de cinco años se han visto obligados a beber el agua contaminada. No sólo sabe mal, sino que se ve mal, dijo. "Es como mitad orina y mitad agua", ejemplificó.

Más de 5.000 reos consumen el líquido, que sigue presentando elevadas concentraciones de arsénico, y nadie ha actuado para cambiar la situación, ni los legisladores del estado de California ni las autoridades de la prisión ni los funcionarios del Departamento de Salud Pública.

Las revueltas populares en África y Medio Oriente reviven el fantasma de la escalada global en los precios de los alimentos y del petróleo que el mundo padeció hace tres años. En el actual escenario, la confluencia de la suba del precio del petróleo y de los alimentos, combinados con la especulación financiera y los conflictos políticos y militares en las zonas calientes del planeta (como África y Medio Oriente) alimenta un cóctel explosivo cuyo desenlace a nivel planetario nadie puede prever o estimar.

Los disturbios en el Medio Oriente y en África y la creciente tensión en el Golfo Pérsico generan tensión internacional y, como efecto de la especulación financiera con la energía, disparan el precio del petróleo en los mercados mundiales.

La especulación financiera en el mercado de los alimentos y la energía, alimenta a su vez los temores de que se repitan los estallidos y protestas sociales masivas en contra de los aumentos, como sucedió en 2008.

El petróleo subió el miércoles a su mayor nivel en casi dos años y medio por las renovadas tensiones entre Israel e Irán, que se sumaron a los temores ya existentes en el mercado por la propagación de disturbios en África y Medio Oriente.

El crudo Brent, uno de los principales puntos de referencia, subió a más de US$104 por barril, su nivel más alto en los últimos dos años y medio.

Las protestas sociales y sindicales contra los gobiernos aliados o pro-EEUU inspiradas en las revueltas populares que derrocaron a los presidentes en Túnez y Egipto están cobrando impulso en todo Medio Oriente y África del Norte pese a las concesiones políticas y económicas anunciadas por los regímenes amenazados.

Por primera vez se registraron enfrentamientos en Libia, situado entre Egipto y Túnez, mientras que nuevas protestas estallaron en Bahréin y Yemen el miércoles.

Las manifestaciones se precipitaron luego de que el presidente de EEUU, Barack Obama, comentando el derrocamiento del presidente egipcio, Hosni Mubarak, afirmara que "El mundo está cambiando (...) Si estás gobernando estos países, tienes que adelantarte al cambio, no se puede estar detrás de la curva".

Con los activistas organizandose en las redes sociales, la situación de torna difícil de controlar para la policía y los militares, y los gobiernos de la región temen un contagio generalizado.

La policía en el reino de Bahréin, un archipiélago del Golfo Pérsico, atacó a los manifestantes acampados en la capital el jueves, matando a tres personas, en un intento por sofocar las protestas a favor de la democracia inspiradas en movimientos parecidos en todo Oriente Próximo.

Los intentos de falsificación de documentos para obtener visas aumentaron en 2009, cuando se agravó la situación por el narcotráfico. Expresa preocupación EU por pasaportes apócrifos, revelan cables entregados a La Jornada.

En la medida en que el crimen organizado y el narcotráfico empezaron a alcanzar en México "niveles de fiebre", en 2009, la sección consular de la embajada de Estados Unidos se enfrentó con un problema creciente: los intentos de alteración y falsificación de documentos para obtener visas de no residentes se multiplicaron y la legación del país vecino calificó el nivel de fraude en su unidad de visados "de media a alta".

Lo que a Washington más le preocupa es que, por su proximidad geográfica, México ya es el mayor trampolín para la inmigración ilegal.

Uno de los focos rojos marcados por la Unidad de Prevención de Fraude (FPU, por sus siglas en inglés) de la sección consular estadunidense era, para ese momento, la frágil seguridad del proceso para la obtención de un pasaporte mexicano.

Aunque esa unidad reconocía que la emisión de este documento oficial conlleva una serie de medidas de seguridad efectivas, "sigue siendo muy fácil obtenerlo mediante certificados de nacimiento falsos o con la compra de otros papeles de identificación".

La información fue difundida por el ministro de Asuntos Humanitarios del sur de Sudán, James Kok Ruei, y miembros del parlamento de Jonglei.

Autoridades del sur de Sudán informaron este jueves que más de 200 muertos y alrededor de 20 mil desplazados dejaron los recientes enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes que se registraron en esa región.

La cifra de desplazados fue dada a conocer en un reporte del ministro de Asuntos Humanitarios del sur de Sudán, James Kok Ruei, y miembros del parlamento de Jonglei, estado sudanés donde tuvieron lugar los violentos choques hace casi una semana.

De acuerdo con el informe, los combates entre las fuerzas sudanesas y la milicia leal a George Athor, ex oficial del ejército que se rebeló al perder las elecciones del año pasado, dejaron 202 muertos, 109 heridos y unos mil desaparecidos.

Además, la violencia obligó al desplazamiento de 20 mil personas, refirió el documento elaborado por Kok Ruei; Peter Chol Wall, portavoz de la Asamblea Legislativa de Jonglei; Toung Majok Deng, legislador estatal; y otros legisladores.

Hacinamiento, largas jornadas, paga mínima, incumplimiento de todos los derechos laborales. De Mendoza a Salta, de Río Negro a Misiones: la explotación laboral del trabajador rural. La responsabilidad privada y estatal.

"El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal (...) He visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría (...) el trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha". Fechado el 30 de abril de 1904, escrito por Juan Bialet Massé, en su histórico "Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas", señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas a vivir en taperas o bajo plásticos.

Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada en el campo profundo. Radiografía del trabajo rural, un círculo de pobreza e injusticias que se repite desde hace más de un siglo. De sol a sol. Es la característica del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres "tachan", que implica el cargado del recipiente y lo descargan en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, donde - si no hay despido antes - se cobra. Todo depende de la pericia, y suerte. En un día muy bueno (los menos) se pueden reunir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las proveedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.