Después de cinco años luchando para limpiar su nombre - calumniado sin descanso aunque sin acusarle de delito alguno-, Assange está más cerca de la justicia y exculpación, y quizá de la libertad, que en ningún otro momento desde que fue arrestado y recluido en Londres en virtud de una orden de extradición europea, ahora desacreditada por el Parlamento.
El grupo de trabajo de la ONU basa su dictamen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros tres tratados que son vinculantes para todos sus firmantes. Tanto Gran Bretaña como Suecia han participado en la larga investigación de dieciséis meses de la ONU, presentando pruebas y defendiendo su posición ante el tribunal. Actuarían despectivamente ante el derecho internacional si no cumplieran la sentencia y no permitieran que Assange abandonara el refugio que el gobierno ecuatoriano le ha garantizado en su embajada en Londres.
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