El día ha llegado. Marco Draghi ha firmado. El Presidente del Consejo de Ministros de Italia ha consumado lo que, a la luz de la Constitución de cualquier Estado que se precie de definirse a sí mismo como democrático, ha de ser considerado como uno de los desprecios más aberrantes a los principios básicos sobre los cuales se construye una sociedad.
Ya es un hecho. Los ciudadanos italianos no vacunados (más del veinte por ciento de la población de dicho país) sólo podrán comprar bienes de primera necesidad. En concreto, sólo podrán entrar en supermercados, farmacias, parafarmacias, ópticas, tiendas de animales y gasolineras. Y simplemente para adquirir este tipo de bienes. Los demás, aunque se encuentren en las estanterías, no podrán tocarlos. Además, para evitar que lo hagan, se realizarán controles aleatorios que, en caso de ser fructuosos y dar con algún no inoculado, el peso del Estado recaerá sobre él.
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