El pasado 22 de octubre, en el Centro Cultural de la República El Cabildo, fue presentada la acusación cívica de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia en el marco del Juicio Ético al Parlamento.
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La lectura del escrito conclusivo del equipo investigador estuvo a cargo de la Abog. Milena Pereira, quien realizó la pesquisa junto con la Abog. Mirta Moragas y el Econ. Luis Rojas.
En el alegato se enumeran las causales de la acusación cívica contra el Congreso, entre las que citó las "acciones violatorias de la Constitución Nacional que imposibilitan la vigencia de un Estado social de derecho, sanción de leyes contrarias al interés general que impiden el desarrollo nacional para favorecer a sectores económicos a los cuales se representa y responde en exclusividad, por la grave responsabilidad institucional dada su política activa de aislamiento del país y debilitamiento de los principales procesos de integración regional".Asimismo, en los puntos subsiguientes se señala "la degradación de la honorabilidad del Congreso de la Nación, por conductas discriminatorias y de defensa de intereses ilegales, por la autoasignación de privilegios, por las evidencias de comisión de hechos de corrupción en el ejercicio del cargo, la utilización de fueros como blindaje corporativo para la impunidad de parlamentarios ante el requerimiento judicial por la comisión presunta de delitos, por el uso despótico de instrumentos de control a otras instituciones estatales, premiando la subordinación de sus titulares a las mayorías parlamentarias y sus financistas, extorsionado a funcionarios que aplican medidas orientadas al cumplimiento de la ley, por los retrocesos e impactos políticos y sociales para el Paraguay como consecuencia de la destitución arbitraria y antijurídica del presidente electo constitucionalmente".
A renglón seguido la fiscala pasó a enumerar algunos de los hechos hallados durante la pesquisa, como la utilización despótica del instrumento de control más importante del que dispone, el juicio político, a los efectos de amedrentar a la Contraloría General de la República por pedir informes a un intendente por los comprometedores indicios de malversación de fondos en su gestión; el nombramiento a discreción de funcionarios y la no remisión de informes obligatorios a la Secretaría de la Función Pública; el manejo con criterios cupulares partidistas de los órganos específicos de control creados constitucionalmente: Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, etc.
