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Pero los expertos, la prensa independiente y los defensores del medio ambiente contestaron que la noticia no reflejaba la realidad. El engaño residía en el termino "apagado en frío" mencionado por los técnicos de TEPCO. Este término significa que en condiciones normales, el combustible de un reactor es estable con una temperatura por debajo de los 100 grados centígrados en la vasija de contención. Pero después de Navidad, noticias preocupantes indicaron que la temperatura dentro de los reactores había aumentado y que los niveles de radiación dentro de las instalaciones eran letales para los humanos. Una vez más, el Gobierno japonés minimizó la extrema gravedad de la situación.
Contaminación devastadora
Heinz Smital, el experto de Greenpeace trabajando sobre los efectos a largo plazo del desastre dijo que, "la realidad es que habrá que combatir durante décadas los problemas en las instalaciones. Además, la zona estará contaminada radiactivamente durante décadas". Las cifras son demoledoras: cien mil toneladas de agua altamente radioactiva reposan en contenedores a la espera de una descontaminación lenta y muy costosa. La compañía francesa Areva depura alrededor de mil toneladas al día, pero los expertos se quejan de que ningún plan viable haya sido presentado para resolver el almacenamiento de los centenares de toneladas de residuos radioactivos que resultaran del filtraje.
El Gobierno japonés tampoco ha revelado cómo va a deshacerse de los 29 millones de metros cúbicos de tierra radioactiva que pretende sacar de las regiones contaminadas. Esta montaña tóxica podría llenar 23 estadios del tamaño del Bernabéu [estadio del equipo de fútbol Real Madrid, con un aforo de 90000 personas aprox.]. Las zonas contaminadas representan 2.400 kilómetros cuadrados - una superficie superior a la de la región de Tokio - y se extienden entre Fukushima y cuatro prefecturas vecinas. Los expertos dicen que las estimaciones dadas por el Ministerio de Medio Ambiente japonés son increíblemente optimistas y hablan de una factura que podría poner las finanzas del Estado de rodillas durante décadas. The Wall Street Journal cifró el coste en 12.000 millones de euros.
