© ReutersSoldados estadounidenses trasladan a un preso a su celda.
"Guantánamo ha llegado a simbolizar 10 años de falta de respeto sistemática a los derechos humanos por Estados Unidos en su respuesta a los atentados del 11-S. El gobierno estadounidense los ha ignorado desde el primer día de detenciones en Guantánamo. Cuando comienza el undécimo año de vida del centro de detención, esta violación sistemática continúa", declaró Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.
Objetivo de Amnistía Internacional
El gobierno de Obama " - de hecho, gran parte de los tres poderes del Estado que integran el gobierno federal - ha adoptado el marco de la "guerra" global ideado durante la presidencia de Bush", relata el informe de la ONG. El gobierno dejó claro en enero de 2010, con total impunidad, que era muy posible que cuatro docenas de los detenidos de Guantánamo no fueran enjuiciados ni puestos en libertad, sino que permanecieran en detención militar indefinida sin cargos ni juicio penal en virtud de la interpretación unilateral de Estados Unidos de las leyes de la guerra.
© AppReos esperan revisión médica.
Por todo esto, AI ha abierto una ciberacción a través de su página web www.actuaconamnistia.org, a la que cualquier persona puede sumarse, para pedir al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, que aborde de una vez las detenciones de Guantánamo. Piden que libere a todos los detenidos que no hayan sido acusados y procesados con las debidas garantías, que prohíba el uso de comisiones militares, abandone la pretensión de imponer la pena de muerte a algunos detenidos, y lleve ante la justicia a los responsables de la administración estadounidense que hayan cometido violaciones de derechos humanos. Una petición que la ONG también hace extensiva al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que mantenga la petición de cierre de Guantánamo y siga acogiendo a detenidos de la base estadounidense, tal y como se ha hecho en España los últimos años.
Guantánamo y Estados Unidos
La Bahía de Guantánamo, al sudeste de Cuba, es una base militar naval de Estados Unidos desde 1898. Tras la colaboración estadounidense para que Cuba pudiera ganar la guerra por la que dejó de ser colonia española, se firmó el Tratado de París. Este tratado contenía la Enmienda Platt, que establecía las condiciones para la retirada militar estadounidense. Entre otras, se incluyó la obligación de Cuba de cederles Guantánamo hasta que fuera conveniente.
El motivo de la elección de este territorio fue su localización clave tanto para el comercio marítimo de principios del siglo XX, como para el almacenamiento de combustible (carbón y agua).
A partir de ese momento Estados Unidos ha tenido un total dominio de la Bahía, aunque no fue de 'gran utilidad' hasta enero de 2002, más de cien años después. El informe de Amnistía Internacional establece los atentados del 11-S como punto de partida de la "sistemática falta de respeto a los derechos humanos por parte de EE. UU.". Una semana después de los ataques, George W. Bush, presidente del país en ese momento, firmó un memorando que autorizaba a la CIA a establecer centros de detención fuera de Estados Unidos. Este documento contiene información específica sobre las fuentes y los métodos que iba a utilizar la Agencia de Inteligencia, pero aún está clasificada (es decir, está prohibido acceder a ella).
LA ONG cuenta que el 13 de noviembre de 2001 "el presidente Bush dictó una orden militar sobre 'Detención, tratamiento y enjuiciamiento de determinados extranjeros en la guerra contra el terrorismo'. Esta ordenaba al secretario de Defensa la localización de un "lugar adecuado" para recluir a ciudadanos extranjeros bajo custodia indefinida sin cargos". La orden prohibía a las personas detenidas interponer recursos de cualquier índole en cualquier procedimiento ante cualquier tribunal estadounidense, extranjero o internacional. Si eran juzgados, se encargaría una comisión militar, "que es un órgano creado por el poder ejecutivo, no un tribunal ordinario independiente e imparcial", denuncia AI. El 11 de enero de 2002, los primeros detenidos fueron trasladados desde Afganistán a ese lugar idóneo para actuar con la impunidad de lo invisible: Guantánamo.
"Hasta que Estados Unidos aborde estas detenciones como una cuestión de derechos humanos, el legado tóxico de Guantánamo pervivirá con independencia de si se cierra o no el centro de detención", dijo Rob Freer. Y es que, tal y como divulgó WikiLeaks por medio de los 779 documentos secretos sobre esta cárcel amparada en una ley estadounidense ilegítima, EE. UU. utiliza la tortura física y psicológica como práctica rutinaria para "extraer información", que parece ser su objetivo primordial. Sin embargo, desde la CIA no creen en la amenaza del 60% de los retenidos allí, y solo 2 de cada 10 tienen lo que ellos denominan un "interés informativo alto".
© AfpPreso escoltado por la US Army.
Consciente de la aberración contra la dignidad del ser humano que supone Guantánamo, Barak Obama fue elegido presidente a principios de 2009 tras una campaña electoral cargada de promesas esperanzadoras. Entre ellas, el cierre de Guantánamo.
Tardó menos de cuatro meses en dar marcha atrás respecto a esta decisión. Quien cinco meses después recibió el Premio Nobel de la Paz, esgrimió que no se había garantizado el cumplimiento por Estados Unidos de los principios internacionales de derechos humanos en este contexto.
Algo que, para Amnistía Internacional, resultó inaudito. "En virtud del derecho internacional, no se pueden invocar las leyes y la política nacionales para justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en un tratado. Es una respuesta inadecuada que uno de los tres poderes del Estado culpe a otro de que en el país se vulneren los derechos humanos. El derecho internacional exige que se busquen soluciones, no excusas". También fue el gobierno de Barak Obama el que presionó para que el juez Garzón no pudiera investigar sobre las torturas en las cárceles de la bahía.
Una presión que, según revelaron los cables de WikiLeaks, fue posible gracias a la colaboración del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Entre los detenidos que siguen ahí, de los que al menos 12 permanecen desde la apertura del centro, hay personas que fueron sometidas a tortura y desaparición forzada por Estados Unidos antes de ser trasladadas a Guantánamo.
La rendición de cuentas por estos crímenes de derecho internacional, cometidos en un programa de detención secreta gestionado bajo la autoridad presidencial, todavía es escasa o nula. Que se juzgue y condene a los responsables de estas aberraciones contra los derechos humanos, y el fin de estas deplorables actividades, son los objetivos fundamentales de Amnistía Internacional respecto a Guantánamo.
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