© Reuters
La controvertida ley de traición al Estado, cuyos detractores consideran que se empleará para perseguir la oposición política, ha entrado en vigor este miércoles en Rusia, tan solo dos días después de que el presidente del país, Vladimir Putin, afirmara a activistas de Derechos Humanos que estaba dispuesto a "revisarla".

La ley, formulada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), y promulgada por Putin este martes, amplía la definición de traición en el Código Penal para incluir actividades que pongan en peligro el "orden constitucional, la soberanía y la integridad territorial y del Estado".

En concreto, la nueva legislación amplía los tres artículos del Código Penal que hacen referencia a "traición al Estado", "espionaje" y "revelación de secretos de Estado".

Mientras que sus partidarios consideran que la ley contribuirá a impedir que haya una interpretación arbitraria, sus detractores consideran que su redacción es tan vaga que podría usarse casi contra cualquiera en contacto con extranjeros.

En concreto, informa RIA Novosti, tiene en su punto de mira a aquellos que ofrecen consultoría o servicios financieros a personas y organizaciones extranjeras que llevan a cabo "actividades contrarias a la seguridad rusa". Asimismo, la posesión ilegal de secretos de Estado es punible con hasta ocho años de cárcel y multas de alrededor de 10.000 dólares.

Este lunes, Putin parecía haber respondido a las críticas a la ley ya que dijo durante la reunión del Comité de Derechos Humanos en el Kremlin que "le daría un vistazo más atento" al texto".

"Putin no hizo promesas concretas", ha reconocido Liliya Shibanova, miembro del citado comité del Kremlin a RIA Novosti. El presidente dijo "'sí, quizá deberíamos revisar el formato de nuevo', pero fue muy vago (mientras que) los medios lo presentaron como si 'Putin promete revisar la ley de traición'", ha afirmado.

Shibanova, directora del grupo de observación electoral Golos --a menudo objeto de las iras del Kremlin--, ha considerado que la nueva ley, publicada en la gaceta del estado, "es muy peligrosa". "Si por ejemplo paso información sobre supuestas violaciones electorales a un periodista extranjero, esto podría considerarse espionaje", ha ilustrado.

Por su parte, el portavoz de Putin, Dimitri Peskov, ha confirmado este miércoles que el presidente está dispuesto a introducir enmiendas a la nueva ley si "surgen áreas problemáticas o algunos aspectos que limiten los derechos y libertades de los ciudadanos".

Esta nueva ley forma parte de una serie de nuevas normas que los críticos al Kremlin denuncian que tienen como objetivo impedir que se reproduzcan las manifestaciones multitudinarias contra el ahora presidente registradas tras las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, en las que se impuso Rusia Unida, el partido de Putin, y que la oposición tachó de fraudulentas.

Durante el encuentro del lunes en el Kremlin, Putin había dicho que las leyes controvertidas sobre manifestaciones, ONG con financiación extranjera y controles en internet tienen como objetivo hacer de Rusia un país "eficaz y estable".

"Todo lo que está ocurriendo aquí se hace con un único objetivo, hacer estable a nuestro país", defendió el presidente. "No puede ser más estable si solo se fundamenta en el poder de las agencias del orden y represivas. Será más estable si la sociedad es más colectiva, eficaz, responsable, si se establece un vínculo entre la sociedad, el ciudadano y el Estado", agregó.