El Gobierno israelí anunció ayer la confiscación de los impuestos recaudados a los palestinos en represalia al reconocimiento por la ONU de Palestina como estado observador, tras la aprobación el viernes de 3.000 viviendas en colonias judías.

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En total, Israel retendrá a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) 460 millones de shékels (120,5 millones de dólares o 92,8 millones de euros) y transferirá la partida a pagar a parte de la deuda que el Gobierno palestino tiene con la compañía de electricidad israelí.

"No pienso transferir el dinero este mes, lo utilizaré para pagar las deudas que la ANP ha con- traído con la empresa de electricidad (de Israel)", anunció hoy el ministro israelí de Finanzas, Yuval Steinitz, en la reunión semanal del Consejo de Ministros, informó el medio digital Ynet.

En virtud de los Acuerdos de París de 1995, protocolo económico de los Acuerdos de Oslo, de 1993, la hacienda israelí recauda todos los meses las tasas y aranceles aduaneros de los productos que entran al territorio palestino bajo su control, así como de palestinos que trabajan en Israel.

Se trata de una suma que representa más de la mitad del exiguo presupuesto con el que cuenta el Gobierno del primer ministro palestino, Salam Fayad.

Israel ha resuelto que la recaudación de noviembre, que debe ser transferida al Ejecutivo palestino alrededor del día 5, sea empleada para pagar la deuda de unos 700 millones de shékels (184 millones de dólares o 141 millones de euros) que la ANP ha acumulado en los últimos años con la compañía eléctrica de Israel.

Se trata de una medida unilateral en línea con las amenazas que habían vertido funcionarios israelíes si seguía adelante la campaña palestina en busca de reconocimiento internacional en la ONU, que Israel considera que vulnera los Acuerdos de Oslo.

Fuentes diplomáticas israelíes explicaron a EFE que el Ministerio de Finanzas no cobraba la cuenta de la luz en un "gesto de buena voluntad" hacia la ANP, pero que después de la votación en la ONU, no existe razón para no hacerlo.

El gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó el contenido, consecuencias e interpretaciones que se desprendan de la resolución 67/191 de la Asamblea General.