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Los abogados de uno de los presos en la cárcel que Estados Unidos posee en su base militar en Guantánamo (Cuba) han denunciado que personal ajeno al tribunal militar podría estar escuchando las conversaciones con sus clientes.

Uno de los abogados de Abd al Rahim al Nashiri, Stephen Reyes, ha denunciado que podría haber aparatos de escucha, tanto en el tribunal militar como en la prisión, lo que vulneraría la confidencialidad de las conversaciones entre letrado y cliente.

"No podemos ignorar 'al hombre que está detrás de la cortina', tenemos una obligación ética", ha dicho, al tiempo que ha solicitado al juez que preside el tribunal militar, James Pohl, que suspenda la audiencia previa para comprobar que no hay aparatos de escucha.

Además, Reyes ha apuntado que la CIA podría ser la responsable de las escuchas ilegales. "Si es así, se trata de la misma agencia gubernamental que detuvo y torturó a Al Nashiri", ha subrayado.

En respuesta, Pohl se ha negado a suspender la audiencia previa, pero ha ordenado un receso de tres horas para que la defensa consulte con el Colegio de Abogados si puede seguir adelante, aunque no esté garantizada la confidencialidad con su cliente.

Pohl ha argumentado que, aunque interferir en la relación abogado-cliente "es un grave problema que, generalmente, acarrea graves soluciones", la defensa no ha aportado pruebas de que se estén realizando escuchas ilegales.

Al Nashiri, de nacionalidad saudí, es uno de los acusados de orquestar el atentado perpetrado contra el buque USS Cole en la ciudad yemení de Adén en el año 2000, en el que murieron 17 marineros. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a la pena de muerte.

La CIA ha admitido que durante los interrogatorios sus agentes amenazaron a Al Nashiri con violar a su madre, le aplicaron la técnica del ahogamiento simulado y le amenazaron con un taladro eléctrico. Después, destruyeron los vídeos de las cámaras de seguridad.

La polémica sobre las audiencias previas de los presos de Guantánamo se desató el pasado lunes, cuando la celebrada en el caso de Jalid Seij Mohamed, acusado de ser uno de los 'cerebros' del secuestro de los aviones del 11-S, se interrumpió durante unos minutos, dejando al descubierto que alguien estaba manipulándola.

La audiencia previa se celebró en un edificio de alta seguridad en el que el público --incluida la prensa-- se encuentra detrás de una pared de cristal insonorizado, en la que ven y escuchan las declaraciones con unos 40 segundos de retraso.

Un funcionario de seguridad que se encuentra sentado al lado del juez militar controla, a través de un botón, la emisión de la audiencia previa, interrumpiéndola para el público cuando se revela información clasificada.

No obstante, en este caso la emisión se interrumpió por una tercera persona durante la intervención del abogado de Mohammed, David Nevin. El juez militar ha considerado que fue un error porque en ese momento no se estaba revelando información clasificada.

Tras el fallo, Pohl se reunió con los abogados de las partes, incluida la Fiscalía, para explicarles que "hay una autoridad original" que se encarga de controlar la emisión de las audiencias, aunque no detalló de quién se trata.

Finalmente, el magistrado castrense ordenó desmantelar el sistema de control, subrayando que él y el funcionario de seguridad son los únicos autorizados para controlar la emisión de las audiencias. Al parecer, la orden se ha ejecutado este fin de semana.