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En México el petróleo ha sido insignia de la soberanía nacional. Este recurso altamente contaminante, cada vez más cuestionado, por su contribución al calentamiento global, en México es proyectado como palanca de desarrollo por el gobierno federal. La recién aprobada energética permite la inversión privada en la exploración de petróleo, bajo el lema del presidente Enrique Peña Nieto, de que "PEMEX no se vende ni se privatiza". Sin embargo, tal reforma permite que la empresa petrolera comparta las utilidades petroleras con el sector privado.
En la disputa entre quienes consideran que lo anterior es una medida privatizadora, y el gobierno en turno, que asegura que no es así, resalta la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, quien en un probable lapsus, felicitó al gobierno por lograr las reformas, y al referiste a la energética, la calificó tajantemente, como privatizadora:
Felicito particularmente a México por sus avances, esfuerzos, de alcanzar sus reformas económicas, las cuales incluyen cambios legislativos y constitucionales con la meta de fortalecer la competencia, privatizar el sector energético, mejorar los sistemas educativos y ampliar el acceso al financiamiento.
La declaración la hizo en el evento "La innovación-motor de desarrollo", donde el secretario de energía en México, Ildefonso Guajardo Villarreal, habló de la ventaja de México para la exploración del nocivo Gas Shale, y de cómo México se convertirá en una potencia manufacturera (como si los mal pagados empleos de ensamblaje, significaran un desarrollo auténtico para los habitantes).
Mientras gran parte de la élite política mexicana se enorgullece de la nueva etapa petrolera en el país, la realidad reclama energías renovables. El embajador de Estados Unidos, confirma en su discurso, lo que muchos reprueban: ¿La reforma energética significa la inminente privatización del petróleo?
Con información de La Jornada
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