El fantasma del dictador Francisco Franco vuelve a resurgir en el 40 aniversario de su muerte para volver a dividir a España, en medio del silencio oficial, por las misas y actos de exaltación a su figura y la renovada fuerza de los movimientos memorialistas que reclaman justicia para cerrar las heridas que se abrieron hace casi 80 años.

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© © FLICKR/ ÁLVARO HERRAIZ SAN MARTÍN

Cuatro decenios han pasado, pero las calles, las plazas, los monumentos y las placas de las ciudades españolas siguen rindiendo homenaje no sólo a Franco, sino también a los militares golpistas y falangistas que le acompañaron. Los torturadores siguen sin pagar sus delitos y miles de españoles siguen desperdigados en fosas comunes, una herida que mantiene al país en un macabro ranking: ser el segundo país del mundo con más desaparecidos, después de Camboya.

Cuarenta años después, las víctimas se agarran a la justicia argentina donde se instruye la única causa abierta en el mundo que persigue los crímenes de la dictadura, una ilusión para los tribunales españoles que ni han investigado ni han condenado el franquismo.
La impunidad es tal que Naciones Unidas ha condenado a España por su comportamiento con las víctimas del franquismo y por la arbitrariedad reinante gracias a una ley de Amnistía aprobada en 1977, dos años después de la muerte del dictador.
Dos informes de 2014 elaborados por la ONU sostienen que en España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1939-1975), que incluyen tortura, desapariciones, ejecuciones y robos de bebés.

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© © WIKIPEDIA/ PERE JOAN BARCELÓLa misma ONU calificó de "fascista" al régimen de Franco, equiparable a los regímenes de Hitler y Mussolini, pero las autoridades españoles siguen mirando para otro lado.
Un año más una veintena de misas honrarán estos días a Franco sin que el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, que tanto mima a otras víctimas del terrorismo, y sin que la jerarquía eclesiástica hayan dado su opinión ante tanta celebración. Incluso, la legal Fundación Nacional Francisco Franco ha organizado para el 3 de diciembre un acto conmemorativo al dictador en un hotel de lujo de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Cristina Cifuentes, ha asegurado que "no le gustan" este tipo de homenajes, pero recuerda que "no son ilegales" por lo que ha dado luz verde a un acto que lamentan muchos españoles.

En la página web, la Fundación presenta el acto como un agradecimiento a quien "liberó a España del comunismo, que la salvó de entrar en la Segunda Guerra Mundial, que realizó la reconstrucción después de haber quedado asolada; que la impulsó económicamente a partir de los años 60".

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la brutal represión posterior produjo decenas de miles de muertes y de exiliados.
Esta misma semana el Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona votó en contra de condenar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
La votación se produjo un día después de que se presentara una medida en apoyo de la querella instruida en un juzgado de Buenos Aires, que busca la reparación de los daños de las víctimas de la dictadura y sus familiares.

La popular Ángeles Esteller contestó que no aceptaba "lecciones de Argentina, que apoya países dictadores".

A pesar de la negación de la derecha heredera del franquismo, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica han presentado esta misma semana diversas iniciativas para exigir al Ejecutivo una declaración que condene la dictadura franquista, que reconozca públicamente a las víctimas y que rinda homenaje a todos los ciudadanos que durante cuarenta años arriesgaron, incluso la vida, para recuperar las libertades democráticas en España.

También varios abogados, entre ellos el exjuez Baltasar Garzón, han presentado una petición al Consejo de Ministros de Rajoy para convertir el Valle de los Caídos, donde permanecen enterrados los restos de Franco, en un Espacio de la Memoria para la reconciliación de la Víctimas del franquismo.
Este monumento "es el símbolo y la ofensa más potente a las víctimas del franquismo" dijo Garzón, el único juez que impulsó una investigación contra el franquismo que cerró el Tribunal Supremo en 2012 tras juzgar al magistrado por prevaricación, delito del que fue absuelto.
El Valle de los Caídos o la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es un conjunto monumental construido entre 1940 y 1958 cercano a San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid.

La solicitud reclama la salida de los restos de Franco y de Primo de Rivera, fundador de la Falange, del lugar, la supresión de la simbología franquista del monumento y de los actos conmemorativos que ahí se celebran periódicamente porque "pueden incitar al odio".
Los juristas también exigen arbitrar la exhumación e identificación de los restos de las víctimas sepultados en el Valle de los Caídos, junto a una partida presupuestaria para poder realizar los trabajos.

"Más de 33.000 víctimas franquistas fueron trasladadas desde diferentes puntos de España sin autorización familiar", denunció Garzón "lo que implicó una nueva revictimización".

Garzón puso como ejemplo que en Alemania los campos de concentración nazis se han reconvertido en monumentos a la memoria e incluso en Argentina la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) es hoy un centro para la memoria de las víctimas de la dictadura militar.

Los juristas exigen la misma transformación para el Valle de los Caídos, un Espacio de Memoria para que las víctimas de la dictadura y sus familiares puedan ejercer su derecho a la verdad y a la reparación y también un lugar de identificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, con la publicación oficial de sus nombres.

El escrito recuerda que las normas que rigen en el actual monumento "responden a la misma idea de exaltación de la dictadura franquista" e insiste en que se construyó con "el trabajo esclavo de miles de presos" del franquismo.

En el Valle de los Caídos "se exhibe impunemente la fuerza del franquismo", ha alertado Garzón.

Hoy las víctimas, despojadas de cualquier ayuda desde la llegada de Rajoy al poder en 2011, buscan en Argentina la justicia que España les niega. "No hay una madurez democrática respecto a los temas del franquismo" sentenció Garzón.