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Fue el propio George Soros -hoy de 81 años- quien apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por considerar que en su caso se habían violado varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como los que establecen el derecho a un juicio justo en plazo razonable, el de un recurso efectivo y la prohibición de la discriminación por ser el único de los inculpados que fue condenado. Todos estos argumentos fueron rechazados en 2010.
Quedaba un último planteo del financista que sostenía que también se había violado el artículo 7 -no hay pena sin ley- porque en el momento de los hechos la normativa era "demasiado imprecisa para permitirle saber que su acción era ilegal".
En concreto, y pese a su reputación de especulador, Soros adujo no saber que estaba cometiendo un delito cuando su fondo de inversiones, Quantum Fund, compró un paquete de acciones de cuatro sociedades francesas -entre ellas el banco citado- por 50 millones de dólares, pare revenderlas pocos días después obteniendo un beneficio de 2,28 millones de dólares.
La justicia francesa decidió abrir una investigación por el presunto delito de manejo de información privilegiada. La condena llegó 12 años después: una multa por 2,2 millones de euros, rebajada a 940.000 euros en 2007.
En 2006, el multimillonario de origen húngaro presentó un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, que le resultó desfavorable ya que esa corte reconoció lo bien fundado de la condena francesa.
Por 4 votos contra 3, los jueces de Estrasburgo estimaron que "no hubo violación del artículo 7 de la Convención Europea de los Derechos Humanos".
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