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El proyecto nacional progresista, inclusivo y democrático que representó está siendo interrumpido por una poderosa fuerza conservadora y reaccionaria, con el apoyo de una prensa facciosa y venal, denunció Dilma y alertó que con su apartamiento definitivo tomaban el poder políticos que buscaban desesperadamente escapar de la justicia.
'Causa espanto -remarcó- que la mayor acción contra la corrupción de nuestra historia, propiciada por acciones desarrolladas y leyes creadas a partir de 2003 y profundizadas en mi gobierno, lleve justamente al poder a un grupo de corruptos investigados'.Incluso mucho antes que el Senado Federal diera su veredicto definitivo, aquel fatídico 31 de agosto, el columnista del diario O Globo Ricardo Noblat ya había escrito: 'Seamos francos: políticos con temor de ir presos sí conspiraron para derrocar a la presidenta Dilma'.
Los dueños del poder, acotó Noblat, sean políticos o no siempre supieron construir acuerdos y preservar su propio pellejo en detrimento de la moral y la Justicia, y por extensión también sus fortunas y posiciones en la jerarquía social.
Y entre esos que conspiraron descollaba Michel Temer, el mismo que en diciembre de 2015 se autoproclamó 'vice decorativo' y tres meses después dio un primer golpe mortal a la alianza gubernamental cuando ordenó la salida de la misma del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su principal base de apoyo.
Aliado incondicional (y deudor) de la élite económica nacional, Temer intentó complacerla desde el estreno mismo de su condición de Presidente de facto al anunciar, en su primer discurso, la decisión de acometer dos polémicas y antipopulares reformas, la laboral y la del sistema de jubilaciones, además del congelamiento del gasto público por 20 años.
Todo, argumentaba, con tal de 'colocar a Brasil en los carriles'. Promesa que, a un año de recibir la banda presidencial, se antoja bien distante de ser cumplida.
Primer presidente denunciado por corrupción
A Temer, que entró al Palacio de Planalto por la puerta del fondo, le correspondió el nada grato papel de convertirse en el primer Presidente en la historia de Brasil en ser denunciado por corrupción pasiva en pleno ejercicio de su mandato.
Una comprometedora conversación con el titular del Ejecutivo grabada en marzo último en la residencia oficial (Palacio de Jaburu) por el empresario Joesley Batista dio pie para que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, acusara de corrupto al gobernante ante el Supremo Tribunal Federal.
El proceso judicial, sin embargo, quedó estancado ante la negativa de la Cámara de Diputados de permitir que la Suprema Corte juzgara la acusación. Mas, de cualquier modo, con la denuncia se profundizó la crisis política del país y con ella también la crítica situación de la economía.
Una cifra récord de 14,2 millones de desempleados a mediados de este año; la caída en el 61 por ciento de la inversión pública; el mayor déficit primario de los últimos 16 años: 35 mil 183 millones de reales (unos 10 mil 994 millones de dólares) con que cerró el primer semestre de 2017, son elementos que ilustran el actual panorama brasileño.
Agravado incluso con el anuncio del notorio aumento del déficit en las cuentas del Gobierno central (Tesoro Nacional, Prevención Social y Banco Central), que de acuerdo con estimados del diario digital Brasil 247 en los próximos tres años sumará unos 199 mil millones de reales (más de 62 mil millones de dólares).
Según el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, el déficit fiscal este año aumentará de 139 mil millones de reales (más de 43 mil millones de USD) a 159 mil millones de reales (unos 50 mil millones de dólares), mientras el de 2018 pasará de 129 mil millones de reales (alrededor de 40 mil millones de USD) también a 159 mil millones de reales.
Para 2019, el agujero fiscal más que se duplicará, creciendo de 65 mil millones de reales (unos 20 mil 300 millones de dólares) hasta 139 mil millones de reales (más de 43 mil millones de USD).
Mientras, el superávit de 10 mil millones de reales (alrededor de tres mil 100 millones de dólares) que estaba previsto para 2020 se transformó repentinamente en un déficit de 65 mil millones de reales (cerca de 20 mil 300 millones de dólares).
'Lo que ya era mentira, viró escándalo. Lo que era abuso, viró catástrofe. Lo que era astucia, viró caos en las cuentas públicas', comentó a propósito Rousseff.
Brasil en venta
Presuntamente para cubrir el enorme agujero fiscal, el gobierno de Michel Temer dio a conocer un paquete de privatizaciones que en opinión del economista y profesor de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) Luiz Gonzaga Belluzzo, lejos de solucionar algún problema, agravará muchos otros.
La decisión, dijo, empeora la gestión fiscal del Estado y disminuye la fuerza del poder público como importante personaje en la inducción económica, además de perjudicar la cadena de generación de puestos de trabajo.
Habrá una pérdida de la capacidad de administración en una economía compleja, urbana e industrial como es la brasileña. 'Lo que intentan hacer es disminuir la capacidad del Estado brasileño de promocionar una política laboral', avizoró el experto.
El programa de privatizaciones contempla 57 proyectos, que incluyen la administración de aeropuertos, lotes de líneas de transmisión eléctrica, terminales portuarias y de la estratégica Eletrobras, creada en 1962 para coordinar todas las empresas del sector eléctrico del Estado brasileño y que gestiona 47 hidroeléctricas, 270 subestaciones y seis distribuidoras.
En un discurso pronunciado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien recorre nueve estados del Nordeste de la nación con la Caravana de la Esperanza, denunció que el gobierno golpista de Michel Temer 'no está gobernando Brasil, sino mercantilizando y vendiendo al país' como si fueran agentes inmobiliarios.
El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) remarcó que es por incompetencia y por no saber qué hacer con la economía que están vendiendo 'todo lo que no es de ellos, sino que es un patrimonio construido a lo largo de muchos años por el pueblo brasileño'.
Y, por si fuera poco, la 'subasta' va de la mano de un gobernante que cuenta con una aprobación de apenas cinco por ciento, cuya gestión es catalogada de pésima por el 70 por ciento de la ciudadanía y cuyo gobierno, un año después de usurpar el poder, es considerado por la mayoría (52 por ciento) peor que el que ayudó a derrocar.
Moisés Pérez Mok es corresponsal de Prensa Latina en Brasil.
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