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La votación en segunda instancia de esta iniciativa, que amplía a todos los sectores la subcontratación laboral, fue postergada el miércoles último debido a la presión de los sindicatos que se manifestaron contra esa medida en 25 de los 27 estados de Brasil.
Las protestas forzaron a los diputados a prorrogar para el 22 venidero la discusión de modificaciones y la sanción de esa disposición, que -según el líder de la Central de Trabajadores y Trabajadoras (CTB), Adilson Araújo- creará una nueva categoría laboral: "los prestadores de servicios".
Esta medida, impulsada por el legislador del partido Solidaridad Arthur Maia, estuvo engavetada durante 11 años y fue ahora sacada a la luz pública con el respaldo de agrupaciones de oposición y del Movimiento Democrático (PMDB), subrayó.
Una vez aprobada, los asalariados serán desprovistos de derechos, tendrán una remuneración en promedio un 40 por ciento menor y serán víctimas de la elevada incidencia de enfermedades ocupacionales y de muertes, como ya se constata en la actividad tercerizada, alertó.
Un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas revela que la subcontratación laboral creció 50 por ciento desde 2002 hasta la actualidad, pues pasó de ocho millones a 12 millones de personas.
Actualmente, las compañías y firmas solo pueden contratar mano de obra a otra entidad para realizar actividades limitadas, como de limpieza y tareas de seguridad, entre otras.
El gobierno se opone a la sanción de esta propuesta, pues sostiene que la tercerización compromete los derechos de los trabajadores y no garantiza que las empresas contratadas aseguren el pago de salarios, la seguridad social e impuestos.Para el ejecutivo, el aplazamiento de la discusión y sanción de este tema abrió las puertas para reiniciar un dialogo entre los legisladores, gremios y el gobierno con miras a asegurar que ese proyecto no derrumbe los derechos de los asalariados.
La oposición de los partidos aliados del gobierno permitió asimismo la semana pasada que no sean incluidos en esta disposición los empleados públicos, las empresas estatales y sus filiales, pero los sindicatos quieren más: desean su suspensión total.
En este contexto, la presidenta del país, Dilma Rousseff, se interesó por el tema en un encuentro con el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, celebrado la noche del jueves último en la residencia oficial.
El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva pidió en días pasados a Rousseff impedir la sanción de esa disposición en el Legislativo al alertar que esta opción permitirá a las empresas pasar a usar mano de obra esclava.
No dejar aprobar esa medida constituye una cuestión de honra de la clase trabajadora brasileña, aseveró.
Medios políticos auguran la sanción de este proyecto en la Cámara, integrada por representantes de 28 partidos políticos y considerada como una de las más conservadoras desde el retorno de la democracia en 1985.
Resta esperar por el Senado, el otro órgano del Congreso, cuyo presidente, Renan Calheiros, anunció su rechazo a la sanción de cualquier medida que comprometa la actual legislación laboral.
Asociaciones de abogados prometieron igualmente presentar demandas de inconstitucionalidad en caso de que la disposición sea votada por las dos cámaras del Congreso.
La Central Única de Trabajadores (CUT), el mayor gremio de Brasil, anunció por su parte que no cederá e hizo un nuevo llamado a un paro para el 22 próximo, el día previsto para sancionar de la propuesta legislativa.
El máximo representante de la CUT, Vagner Freitas, advirtió que no tendrá miedo en convocar, si es necesario, a una huelga general contra ese proyecto.
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