"Los números son alarmantes puesto que cada semana se registran al menos 240 embarazos de niñas menores de 14 años, el 30 por ciento corresponden a padres mayores de 30 años, estamos hablando del delito de estupro", dijo a esta agencia la adjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado.
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El 6 de junio se conoció el ataque sexual a una niña menor de seis años en la localidad de Portachuelo, departamento de Santa Cruz (este), que se suma casos anteriores en otras regiones del país.
Núñez del Prado explicó que pese a la aprobación de leyes que protegen los derechos de las mujeres, aún faltan normas complementarias para empoderarlas acerca de sus derechos sexuales y reproductivos.
De 800 denuncias de violencia sexual que se registraron en los primeros cuatro meses de 2017, solo uno por ciento llegó a instancias judiciales, según datos de la Defensoría del Pueblo.
"Muchos hechos de violencia sexual son motivo de transacción económica o, en la generalidad de los casos, las niñas son obligadas por sus familias a casarse o convivir con la persona que ha violentado su propio cuerpo", declaró la autoridad.
La Defensoría del Pueblo tiene registrados al menos 11.520 casos de embarazos de niñas menores de 14 años en el último año, "lo que la sociedad no puede ignorar", remarcó Núñez del Prado.
Ascenso de la violencia
La directora de la Casa de la Mujer de Santa Cruz, Miriam Suárez, manifestó a Sputnik su preocupación por los crecientes índices de violencia, ya que en el primer trimestre de este año murieron 33 mujeres asesinadas.
"Las estadísticas están hablando que diariamente se registran entre cinco y siete denuncias de violaciones sexuales en el país, la mayoría a niñas, lo que muestra que la mentalidad patriarcal se ha convertido en una carga negativa que está presente en todos los niveles de la sociedad", afirmó Suárez.
En 2016 se registraron 104 casos de feminicidios, de los cuales 27 ocurrieron en La Paz y 21 en Santa Cruz, dos de las ciudades más violentas del país.
Suárez advirtió que los grados de violencia contra las mujeres han excedido la capacidad del propio Estado y, pese a las leyes vigentes, existe un "pacto de complicidad entre abogados, fiscales y jueces" que termina victimizando a las agredidas.
Comentario: Cabe resaltar que este pacto de complicidad no tiene nada que ver con una diferencia entre hombres y mujeres. La diferencia existente que causa tanto dolor y sufrimiento es mas fácil de entender si hablamos de seres humanos y seres con deficiencias psicopatológicas.
"La violencia contra la mujer es un problema estructural y su erradicación tiene que convocar a la participación de la sociedad civil, no es un problema exclusivo del Estado o de las mujeres", sostuvo Suárez.
Las prácticas machistas que aún dominan la sociedad boliviana se convierten en barreras para lograr "una verdadera construcción participativa de la democracia", observó.
La representante de la Defensoría del Pueblo y la directora de la Casa de la Mujer coincidieron en la necesidad de empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos e impulsar un modelo educativo que permita superar la discriminación y el machismo.
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