La República Catalana ya es una realidad. El Parlament de Cataluña proclamó la independencia pese a la ilegalidad de esta decisión.
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La Fiscalía ya ha activado la presentación de una querella por rebelión contra Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, vicepresidente y Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

El fiscal general, José Manuel Maza, tiene claro que todos ellos, junto a numerosos diputados del Parlament catalán, son los responsables de una actitud organizada y continuada tendente a la ruptura con España y con el orden constitucional.

Es por ello, por lo que la Fiscalía los acusará de rebelión, un delito que recoge el artículo 472 del Código Penal y que señala que "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes", entre los que se destaca "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", "declarar la independencia de una parte del territorio nacional" y "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno", un delito que recoge penas de hasta 30 años de prisión.

Además, también se buscará perseguir a aquellos que han inducido la independencia de Cataluña. El artículo 473 del Código Penal castiga con penas de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a "los rebeldes que hayan promovido o sostengan la rebelión y los jefes principales de esta".

El objetivo es detenerlos antes del martes

Una vez la Fiscalía presente la querella contra los cabecillas del golpe separatista, el objetivo es proceder a la detención de Puigdemont, Junqueras y Forcadell antes del martes.

Los tres declararán por un delito de rebelión. En caso de que se crea necesario, podrían ser enviados preventivamente a la prisión de Soto del Real, donde están encarcelados los líderes de la ANC y Òmnium Cultural.

Desde Interior, se dio este jueves a la Guardia Civil y Policía Nacional, la orden de estar atentos para actuar. Agentes de las Fuerzas del Estado, están a la espera de recibir la orden judicial que les ordene detener a los políticos independentistas.