"Hay pruebas de que el tríplex fue reservado para Lula", dijo el magistrado, en referencia al apartamento de lujo situado en Guarujá (Sao Paulo) que la constructora OAS habría entregado el expresidente como forma de soborno, en supuesto agradecimiento por los favores prestados en la trama corrupta de Petrobras.
En base a este apartamento se configuró el delito de corrupción pasiva y blanqueo de dinero que pesa contra el expresidente, cuyos abogados vieron cómo el magistrado rechazaba uno a uno todos sus recursos.
Neto rechazó las 30 medidas de los abogados de Lula que pedían anular el proceso en base varios argumentos, como la suspensión de los fiscales de la Lava Jato, la incompetencia de Moro para juzgar el proceso o la necesidad de más tiempo para presentar argumentos de defensa.
Además, el juez aseguró que con los delitos cometidos el líder izquierdista "puso en jaque" la estabilidad democrática, y que la culpabilidad es elevada por tratarse de un expresidente de la República.
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El magistrado fue especialmente incisivo en defender el papel del juez Moro, muy criticado por Lula y sus simpatizantes, que le acusaron de parcialidad y sobrepasar límites con actos como el interrogatorio forzado a Lula, que fue muy criticado.
Neto aseguró que este tipo de formas forman parte de la "rutina" de los procesos judiciales.
Respecto al argumento de la defensa de que faltan pruebas consistentes contra Lula, el juez afirmó que "indicios o pruebas indirectas" son igual de válidas, porque lo que les da consistencia es la coherencia con otras pruebas existentes en el proceso.
"No hay pruebas, pero aún así te vamos a procesar". Esto es un movimiento político para evitar que Lula se postule como candidato para las siguientes elecciones.
El magistrado también recordó que cuando el expresidente fue interrogado por Moro en mayo del año pasado se le dio la palabra durante 20 minutos para hablar libremente, pero "optó por hacer declaraciones sin ninguna finalidad jurídica".
Por otro lado, el juez rechazó el recurso del Ministerio Público Federal, que quería aumentar la pena alegando que el exmandatario cometió tres delitos, porque consideró que todos ellos están inseridos en un mismo contexto criminal.
El TRF-4 juzga si mantiene o no la condena impuesta por Moro, que condenó al líder izquierdista a nueve años y medio de cárcel por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
Según la Fiscalía, la empresa OAS regaló al expresidente el apartamento, reformado totalmente a su gusto, aunque Lula niega las acusaciones y remarca que no hay una sola prueba física que le inculpe.
Si el líder izquierdista es condenado podría verse apartado de las elecciones, aunque la decisión final dependerá de la Justicia Electoral y sólo se conocerá a partir de agosto, cuando se registran las candidaturas oficiales a las elecciones.
Una eventual condena con tres votos a favor sería la peor hipótesis para Lula, puesto que sólo dejaría como opción recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal.
Si no hay unanimidad entre los jueces y uno de ellos vota a favor de absolver a Lula, la defensa podrá recurrir dentro del propio TRF-4.
Esto daría más margen de tiempo y aumentaría las posibilidades de que la candidatura de Lula llegase a las elecciones de octubre.
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