Un gran número de activistas políticos, abogados y profesores occidentales ha manifestado su disposición para testificar a favor de Irán en una corte de apelación ante el fallo dictado por Estados Unidos sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
once de septiembre
"Estamos dispuestos a dar testimonios judiciales en apoyo a la inocencia de Irán (...) Podemos probar más allá de cualquier duda razonable, que esta versión de los hechos es falsa, lo que anula el caso contra Irán", reza la carta enviada por los activistas a los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores de Irán.


Esto se produce después de que un juez federal del Distrito Sur de Nueva York (noreste de EE.UU.) condenó a Irán a indemnizar con 6000 millones de dólares a un grupo de supervivientes de los atentados del 11-S, pese a la falta de pruebas sobre un supuesto vínculo entre Teherán y los autores de los ataques.

Los firmantes de la carta, no obstante, consideran el caso "extremadamente débil" y resaltan que el fallo judicial contradice las investigaciones de la Comisión del 11-S, según la cual, 15 de los 19 atacantes de estos atentados eran ciudadanos saudíes y ninguno de ellos iraní.

"Nos dirigimos a la República Islámica de Irán para instarle a que apele inmediatamente la decisión de la corte del Distrito Sur de Nueva York (...) Tenga en cuenta que la apelación debe ser presentada antes del miércoles, 28 de mayo, así que este es un asunto extremadamente urgente", apostilla la misiva, que cita la agencia iraní de noticias FARS.

Los activistas también subrayan su firme convicción de que Irán, al impugnar enérgicamente este asunto en un tribunal estadounidense, pueda ganar una gran victoria mediática sobre sus enemigos y obstaculice las vías para condenarle a través de falsas sentencias.

El 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda logró hacerse con el control de cuatro aviones: dos se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y otro contra el edificio del Departamento de Defensa (el Pentágono). El cuarto aparato se estrelló en el estado de Pensilvania (noreste). Los atentados se saldaron con alrededor de 3000 muertos.

Según las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés), oficiales del Gobierno saudí estuvieron involucrados en estos ataques, ya que financiaron a los atacantes.