El sector del automóvil trata de evitar un alza generalizada del impuesto de matriculación a partir del 1 de enero. Las principales patronales han expresado esta semana su «máxima preocupación» por el fin de la prórroga que, a efectos fiscales, minimizaba hasta final de año el impacto de las nuevas pruebas de emisiones, denominadas WLTP. Con la nueva prueba, al ser más exigente, un mismo vehículo arroja valores de contaminantes entre un 20 y un 30% superiores, lo que hará que un importante porcentaje de los coches que se vendan en España incrementen su precio, en torno al 5%, aunque en algunos casos, casi un 10%.
El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), conocido como Impuesto de Matriculación se calcula por tramos en base a las emisiones de CO2: 0% para los vehículos que emiten menos de 120 gr/km de CO2, 4,75% entre 120 y 160; 9,75 de 160 a 200 y 14,75% de 200 en adelante. Con el fin de dar margen al sector mientras abordaba la reforma fiscal del automóvil, Industria aprobó en 2018 un factor de corrección que ahora expira. El problema es que las dificultades para formar un Gobierno, primero, y el coronavirus, después, han impedido abordar dicha reforma.
Comentario: Incluso después de décadas de financiación insuficiente y mala gestión por parte del gobierno, la policía británica está demostrando que su única lealtad es a una kakistocracia: