El aumento de homicidios y violaciones a los derechos humanos de la prensa mexicana pasa por la impunidad para investigar y perseguir esos casos, muchos de los cuales son cometidos por funcionarios públicos, apuntó Edgar Corzo, visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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Corzo Sosa dijo a La Jornada que existe una falta de políticas públicas en los tres niveles de gobierno. Y éste, el de los crímenes contra periodistas, se ha vuelto particularmente delicado, de tal modo que resulta necesario realizar más esfuerzos para visibilizar la problemática.

Desde 2009 ya suman tres recomendaciones generales emitidas por la Comisión, la más actual fue la del 8 de febrero pasado, donde se advierte que la libertad de expresión en México enfrenta un panorama crítico y complejo.

Tan sólo en los últimos 15 años se han registrado 109 asesinatos de periodistas, 12 de ellos realizados el año pasado; así como 20 desapariciones durante el periodo 2005-2015; 48 atentados en contra de medios de comunicación; así como 762 averiguaciones previas abiertas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR.

Además son ocho los estados que concentran la violencia más alta: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León.

El funcionario de la CNDH puntualizó de igual manera que con base en la información proporcionada por las procuradurías del país, se identificaron 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de agravios contra la prensa, de las cuales 106 se hallan actualmente en trámite.

Sin embargo, 45 de esa cantidad están en integración desde hace un lustro o más en algunos casos. De este modo, indicó, si se descuentan las causas penales que fueron consignadas a un juez en las cuales no se ha dictado una orden de aprehensión, eso quiere decir que existe un 90% de impunidad en estos casos.