Campesinos sitian la capital
Hace un mes miles de campesinos tienen casi sitiada la capital reclamando un subsidio por la pérdida de sus cultivos y deudas con la banca privada y pública. El Congreso se expidió favorablemente, pero el presidente Cartes vetó la ley argumentando la posibilidad de un descalabro en la economía.
Los desclasados reaccionan
Acicateados por la prensa comercial las personas que diariamente ingresan a la ciudad están encolerizados y acusan de "haraganes" a los campesinos movilizados por generar caos en el tránsito. Los que más protestan son los funcionarios públicos, una casta privilegiada, heredera de la dictadura de Stroessner, quien gobernó el país durante 35 años apoyado por el Partido Colorado, una organización de indisimulada filiación fascista con base social en la burocracia estatal.
Mientras las manifestaciones continúan, la ministra de Hacienda acusa de "cavernícolas" a los campesinos por el "desorden" que están generando en la vía pública. En su ministerio los empleados tienen hasta cinco aguinaldos y pueden ganar incluso 60 mil dólares anuales, en un país donde el 30 % de la población es pobre y casi el 10 % sufre de extrema pobreza. Los funcionarios que acusan de "haraganes" a los campesinos, también son mayoritariamente de origen rural, con la diferencia que lograron acomodarse en la función pública gracias a su afiliación partidaria. Estos tampoco son muy leales al trabajo, pero a cambio de sus privilegios deben una servil lealtad al coloradismo que gobierna el país hace siete décadas con mano dura de manera casi ininterrumpida.
Los campesinos se radicalizan
Luego de conocerse el veto presidencial los campesinos radicalizaron su postura y más contingentes llegaron hasta Asunción esta semana, presagiándose enfrentamientos con las fuerzas represoras del Estado.
Paraguay es uno de los países con mayores desigualdades del planeta. El 35% de sus habitantes sigue siendo rural, pero el 85% de las tierras del campo están en manos de una pequeña elite que no representa ni el 3% de la población. Debido a las exportaciones agrícolas y a los gigantescos préstamos contraídos con la banca internacional el país va a tener un crecimiento económico del 4%, el mayor de la región. Los números de la macroeconomía suben al igual que el número de pobres. Entre el 2013 y el 2016, en coincidencia con el ascenso de Cartes al poder, la pobreza aumentó sostenidamente en el campo afectando casi al 40% de la población.
Los campesinos ya no tienen casi nada que hacer en un país donde a las históricas desigualdades sociales se están sumando la prepotencia, la discriminación y el odio de las clases dominantes y sus acólitos. En medio de su pobreza también les queda muy poco que perder, y ese poco que perder y un levantamiento popular pende de un hilo imperceptible a veces para los que están en el poder.
------------
Última hora
Los agentes de la Policía Gilberto Samuel González Méndez e Isidro Ramón Carrera Britos fueron imputados ayer por supuesta lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. Esto se da en el marco de la denuncia de 22 trabajadores de prensa que fueron agredidos durante las movilizaciones del 31 de marzo pasado. Entre ellos se encuentran los reporteros gráficos de este medio Fernando Calistro y José Bogado. Este último recibió numerosos impactos de balines de goma en la espalda.
El escrito indica que los trabajadores de prensa se encontraban en forma pacífica, quietos y parados, sin realizar actos vandálicos ni desmanes que requieran el uso de fuerza alguna. Sin embargo, tras recibir los fuertes impactos de chorros de agua, Saldívar Martínez llevó su cara contra el canto de la reja negra del edificio antiguo e incluso sufrió lesiones en varias partes del cuerpo, a raíz de que su colega Woitschach Giménez cayó sobre ella.
Ante la persistencia de los imputados, periodistas de otros medios que se encontraban en la cercanía observando lo ocurrido empezaron a gritar "somos periodistas, somos periodistas", a fin de que detuvieran los impactos de agua.
A ambos camarógrafos se les dañaron sus elementos de trabajo (cámaras).
Sandoval solicitó al Juzgado Penal de Garantías las medidas alternativas a la prisión preventiva para los uniformados.
Miembros del Foro de Periodistas del Paraguay (Fopep), del Sindicato de Periodistas (SPP) y de la Asociación de Reporteros Gráficos presentaron la denuncia el 6 de abril pasado ante el fiscal adjunto de Derechos Humanos, Ricardo Merlo, quien luego le designó a Sandoval.
Comentarios del Lector
a nuestro Boletín