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Este viernes 15 de diciembre tanto el Senado como la Cámara de Diputados de México aprobaron la Ley de Seguridad Interior, gracias a la mayoría de la que goza el corrupto partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al respaldo de legisladores de otros partidos. Dicha ley rompe con los principios del estado moderno y predispone a México para una tragedia porque otorga poderes policiales al Ejército.
El punto central de esta ley es que el presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas en caso de una "amenaza a la seguridad interior". El uso ambiguo de los términos nos recuerda el Acta Patriota de Estados Unidos que el gobierno de George W. Bush aprobó durante la secuela de los ataques del 11 de septiembre, 2001. ¿Quién establece lo que constituye o no una amenaza para la "seguridad interior"? El presidente, ¡que en México históricamente ha sido asociada con la corrupción, el favorecimiento de los intereses de la oligarquía y la sumisión a la agenda estadounidense! Como señaló en febrero Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México:
"Deberíamos dar un paso más atrás y preguntar, '¿es la seguridad interior el marco conceptual adecuado para abordar los retos de criminalidad y violencia que enfrenta México?' El concepto de 'seguridad interior' se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios".La justificación: Un país sumido en el caos
El portal de noticias Animal Político reporta:
De enero a octubre de 2017 fueron denunciados un millón 515 mil 74 delitos en las 32 procuradurías del país; los robos con violencia a negocios crecieron 62%; los asaltos con violencia en carretera 54%, y los atentados con armas de fuego 39%.Claramente, la ola de crímenes y violencia que azota México desde hace años no ha disminuido.
Los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican, de entrada, que de enero a octubre de 2017 se denunciaron un millón 515 mil 74 delitos en las 32 procuradurías del país.
Se trata, en promedio de 4 mil 208 delitos diarios, o lo que es lo mismo, 175 nuevos ilícitos cada hora.
El incremento de los actos de violencia se asocia con la introducción en 2006 de la Iniciativa Mérida o "Plan México", cuando el entonces nuevo presidente Felipe Calderón Hinojosa hizo del combate al crimen organizado su prioridad. Esta iniciativa consistió en una ayuda de 1.6 mil millones de dólares proporcionados por Estados Unidos entre 2008 - 2017, destinados al equipamiento y el entrenamiento para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esto le dio juguetes militares a la Policía Federal, que ahora patrulla sobre el terreno al lado del Ejército mismo. A partir de entonces, el Ejército mexicano se ha visto involucrado en operaciones contra el crimen organizado, aunque sin un marco legal claro. Ésta es precisamente la justificación central de la nueva ley: Si el Ejército ya está participando en labores policiales, entonces simplemente ahora corresponde legalizar sus acciones.
Se trata de un argumento peligroso. En lugar de volver al marco de la ley, el gobierno y los legisladores han decidido que es mejor romper la ley y luego reconstruirla de acuerdo a las prácticas ilegales ya existentes. En teoría, si una ley es obsoleta, éste podría ser un ajuste racional. Pero en el caso de un país como México, en donde es práctica común hacer excepciones a las normas y doblar o romper la ley, justificar la militarización del país con una nueva ley va a resultar en que dicha ley también sea abusada y empujada más allá de sus límites. Si antes se trataba de hacer una excepción para combatir al narcotráfico, ahora se harán excepciones para aplacar a ciudadanos insatisfechos.
Es interesante que dos de los principales impulsores de la ley; César Camacho Quiroz, diputado priista y Roberto Gil Zuarth del PAN (Partido Acción Nacional), reconocieron de forma pública que esta ley no acabará con los problemas de seguridad pública en México. ¡Sin duda! Con la llegada de las fuerzas militares, tres años después del lanzamiento de la Iniciativa Mérida la taza de violencia explotó y llegó a un punto álgido en 2011 con 11.397 homicidios.
Las autoridades están ignorando un punto obvio, a saber, que el narcotráfico es tan difícil de eliminar debido a su capacidad de comprar a las autoridades con cantidades astronómicas de dinero. En otras palabras, armas más grandes y personal mejor entrenado para el combate no van a servir de nada si no se combate antes la corrupción. Prueba de ello es que uno de los cárteles más peligrosos de México, los Zetas, se formó cuando militares de élite cambiaron de bando y se unieron al crimen organizado, atraídos por las lucrativas ganancias.
Algunos puntos a resaltar de la Ley de Seguridad Interior
Los medios mexicanos destacan los siguientes cinco puntos:
- Punto 1: La presencia de las Fuerzas Armadas en estados o municipios tendrá una temporalidad de un año. Al finalizar este año el presidente puede decidir si los militares deben extender este periodo. En otras palabras, el plazo es decidido por el presidente, lo que equivale a decir que no existe límite.
- Punto 2: En el artículo 4 se estipula que las Fuerzas Armadas tendrán el poder de utilizar de modo racional y proporcional técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución. Éste fue uno de los puntos que provocó más descontento en organizaciones internacionales y activistas mexicanos, debido a que las protestas populares podrían ser consideradas "actos de resistencia" y el Ejército tendría derecho a usar su arsenal y métodos para "neutralizarla". Por supuesto, será a su criterio lo que es "racional y proporcional". No es difícil ver cómo podría esto llevar a la represión brutal y a un baño de sangre.
- Punto 3: Se dice que las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas para que se brinde atención médica de urgencia si personas resultan heridas, así como llevar a los detenidos a las autoridades correspondientes. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han brillado por la atención médica que brindan a quienes han resultado heridos en choques de grupos sociales o contra la policía, así que no tenemos por qué creer que será distinto bajo las nuevas funciones del Ejército. ¡Al menos con este punto admiten de antemano que habrá heridos!
- Punto 4: Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, por medio de cualquier método lícito de recolección de información. Entonces no sólo van a "restablecer la paz", sino que efectivamente van a tomar funciones de investigación policiaca, a pesar de que la misma ley estipula lo contrario. ¿De qué otro modo podríamos interpretar la frase "actividades de inteligencia"?
- Punto 5: Las Fuerzas Armadas le harán saber al Ministerio Público y la Policía si se presenta un crimen para que éstos intervengan. Aunque con esto se pretende que el Ejército no intervenga con las funciones del poder judicial, la implicación es que los militares tendrán la autoridad de determinar si se ha cometido un crimen o no.
Diversas ONG y ciudadanos se unieron para crear el colectivo #SeguridadSinGuerra, mismo que convocó una protesta el domingo 17 de diciembre para exigir al presidente Enrique Peña Nieto que la ley sea vetada. Estos son los diez puntos de la Ley que, según subrayan, atentan contra los derechos humanos:
Una mirada al futuro
El periodista mexicano Julio Astillero pronostica:
Los tiempos por venir dirán si estoy equivocado, pero creo que el desenlace de la siguiente elección presidencial se ha sellado esta madrugada, con la virtual aprobación de la Ley de Seguridad Interior: Fuerza militar, "legalizada", contra opositores al fraude electoral.
El punto es válido. La idea se refuerza con otra modificación de ley ocurrida el mismo día 15 de diciembre. En lo que constituye efectivamente una 'Ley Mordaza', miembros del Congreso modificaron el Código Civil Federal para que, con fines de daño moral, se considere ilícito comunicar "a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien." ¿Tal vez, por ejemplo, denunciar que se cometió fraude electoral, aunque sea cierto?
Las manifestaciones son extremadamente comunes en México y es del conocimiento popular que el fraude electoral, normalmente a favor del PRI, ocurre con mucha frecuencia y es prácticamente obligatorio para una elección presidencial. Independientemente de si las elecciones presidenciales de 2018 son robadas o no, con el clima social está prácticamente garantizado el descontento popular. ¿Será demasiada tentación para el nuevo presidente hacer uso de sus nuevos poderes sobre el Ejército para "neutralizar actos de resistencia" que amenacen la "seguridad interior"? ¿O es que éste era el verdadero fin de la ley? Y si se usa de este modo, ¿dónde está la diferencia con una dictadura militar totalitaria como las que sufrieron numerosos países de Lationamérica en el siglo XX?
Comentarios del Lector