El primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk, permanecerá en el cargo pese a haber presentado su renuncia tras la negativa de los diputados de ratificar medidas impopulares.
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© ReutersEl primer ministro ucraniano, durante una rueda de prensa en Kiev.
"Hoy hay dos noticias en la economía mundial. La primera es que Argentina ha presentado la suspensión de pagos. La segunda, que Ucrania no la ha presentado y que nunca lo hará", ha asegurado Yatseniuk tras la votación de los diputados, que han dado un apoyo abrumador a su Gobierno en una moción de confianza.

Apenas 16 parlamentarios de los 226 necesarios han votado a favor de su dimisión después de que el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, pidiera a la Rada que rechazara la decisión tomada en caliente por el primer ministro.

Yatseniuk dimitió ante la propia Rada después de que UDAR y Svoboda, dos de las tres formaciones que habían sostenido hasta ahora su Gobierno, abandonaran hace una semana la coalición parlamentaria.

Un nuevo canon para financiar la guerra

El 'premier' justificó entonces su decisión con el voto en contra de los diputados a una reforma fiscal propuesta por su Ejecutivo y al proyecto de ley que habría permitido vender a inversores extranjeros la mitad de todos los gasoductos ucranianos.

Las dos polémicas leyes, a favor de cuya aprobación también se pronunció Poroshenko, han vuelto este jueves al hemiciclo ucraniano con distinta suerte, al menos de momento.

Por un lado, la Rada ha aprobado un nuevo impuesto temporal equivalente al 1,5 por ciento sobre el salario bruto de todos los ucranianos, para financiar las necesidades de las tropas que combaten a los separatistas prorrusos en el este del país.

Poroshenko, en su intervención ante el Parlamento, ha señalado que la operación militar para recuperar el control sobre las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk le cuesta a Kiev unos 70 millones de grivnas (5,8 millones de dólares) al día.

Por otro lado, la votación del proyecto de ley para privatizar el 49% de la compañía estatal que posee todos los gaseoductos del país ha sido aplazada para enmendar la normativa.