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En una entrevista concedida a la agencia alemana de noticias DPA, Heitmann ha confesado que el caso se remonta a la década de los 80, cuando el país estaba en conflicto con Argentina, Perú y Bolivia, al mismo tiempo que sufría protestas internas provocadas por la crisis económica.
Según Heitmann, se trataba de "dos cajas llenas de ampollas con toxina botulínica, suficientes para matar a la mitad de Santiago", de las que cuando se encontraron en 2008 faltaban algunas ampollas.
Las toxinas, ha asegurado, permanecieron en secreto durante 27 años en un subterráneo del Instituto de Salud Pública (ISP) y, después de su descubrimiento, fueron incineradas en secreto, sin avisar al Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet o a la Justicia.
De acuerdo con Heitmann, quien a principios de la dictadura fue detenida y torturada dos veces, el hallazgo de las sustancias fue casual, cuando ella ordenó limpiar los refrigeradores del subterráneo.
Respecto a su decisión de incinerarlas, ha explicado: "No pensé que pudieran ser importantes para un proceso judicial, no se sabía lo de Frei", refiriéndose al caso de la muerte en 1982, durante la dictadura militar, del presidente Eduardo Frei, en la que se investiga un posible envenenamiento.
"Las toxinas botulínicas son armas químicas", así que no convenía que estuvieran almacenadas en el ISP, que es un laboratorio civil.
También ha nombrado al químico y agente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), Eugenio Berrios, sacado de Chile por los militares en 1991, como uno de los autores principales de ese caso.
Estas revelaciones de Heitmann han recibido fuertes reacciones de los expresidentes chilenos Eduardo Frei (hijo) y Michelle Bachelet; pues la toxina botulínica es uno de los venenos más poderosos que existen.
Esta sustancia es considerada extremadamente peligrosa y un arma de destrucción masiva, así que está prohibida por las Convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas.
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