• Argumenta que el prospecto no las excluía porque "no había concienciación"
  • El abogado de la empresa asegura que no se vendió más allá de 1961
  • Las víctimas de la talidomida piden una indemnización de 204 millones

El representante legal de la farmacéutica que vendía la talidomida, Grünenthal, ha reconocido en el juicio que ha arrancado este lunes que este fármaco "no estaba indicado para las embarazadas", pero que entonces no se las excluyó en el prospecto porque en aquella época "no había concienciación" para este tipo de indicaciones.

El juicio en el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid contra la farmacéutica alemana Grünenthal por la venta de la talidomida en España a través su filial Medinsa se ha iniciado y ha quedado visto para sentencia este lunes, y ha contado con la asistencia de afectados con malformaciones. La sentencia se conocerá en dos meses, según fuentes jurídicas.

La talidomida era un calmante que comenzó a comercializarse a partir de 1957. El fármaco se retiró en diciembre de 1961, pero los demandantes sostienen que hubo ventas en España hasta mayo de 1962. Provocó malformaciones congénitas en cerca de 3.000 personas en España.

Demanda de las víctimas

En el procedimiento civil están inmersas veinte de las cientos de víctimas que causó el consumo de este medicamento en España a raíz de una demanda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE). Reclaman un total de 204 millones de euros en base a la supuesta negligencia del fabricante al vender el producto, a pesar de que conocía sus efectos secundarios. Tras ello, ha quedado visto para sentencia.

El abogado de las víctimas, Ignacio Martínez, se ha mostrado confiado en que los afectados españoles sean indemnizados, aunque sea "tarde y mal", y ha señalado que la farmacéutica ha pagado casi 600 millones de euros en Alemania como responsable del "desastre" de la talidomida, mientras que España es el país peor tratado en el mundo porque los perjudicados no han recibido compensaciones por los daños.

Además, ha asegurado que la talidomida se siguió comercializando en España cuando ya se había retirado en Alemania sin que la farmacéutica hiciera nada por transmitir a la sociedad que era "veneno".

Durante el juicio, el representante legal de la farmacéutica ha insistido en que este fármaco se retiró en diciembre de 1961 ante las sospechas de que podría tener efectos secundarios y ha negado, a preguntas de los abogados de los demandantes, que se vendiera más allá de esa fecha. De hecho, ha especificado que se retiraron 91 kilos de este fármaco.

A preguntas acerca de cuando conoció la farmacéutica que podría haber daños en los vasos sanguíneos y en los músculos, ha señalado que en noviembre de 1961 un doctor alertó de ello ya que se vio "una relación causal" de la talidomida con posibles efectos.

En relación al prospecto del medicamento, el representante ha destacado que no estaba indicado para embarazadas y sí para dolores menstruales, algo de lo que ha dicho que no era compatible con la gestación.

La farmacéutica niega haber ocultado lo que pasaba

"El prospecto en España estaba aprobado por el Ministerio de Sanidad y las indicaciones eran las del registro. Cuando se retiró del mercado se hablaba de cambiarlo por la polineuritis", ha señalado el representante y ha negado que entonces la alemana ocultara lo que pasaba a los profesionales médicos después de que se le leyera una carta acerca de este asunto.

"Estoy convencido de que se informó. En el año 62 la prensa estaba al corriente de todo. Fue uno de los temas de mayor repercusión en aquella época. Cualquiera estaba al tanto", ha subrayado el encargado de representar a la demandada.

En un momento determinado, el abogado le ha exhibido unos cuadros de venta de mayo de 1962 en el que supuestamente se recogían ventas del producto. A ello, el representante ha señalado que el documento lo que muestra es la bajada de ventas a partir de 1961. "Lo que se ve claramente es que son retiradas", ha apostillado y ha agregado que en España "se vendió poco", ya que se comercializó más tarde que en el resto de países de Europa.

Por último, el letrado ha preguntado si la empresa hizo algo para ponerse en contacto con los afectados en España después de que concluyera en Alemania el juicio por los casos que se produjeron, a lo que ha contestado que "solo se retiró el material".

Tras la declaración, las partes han realizado sus conclusiones en las que han expuesto sus demandas en base a su argumentación jurídica.

Las víctimas piden justicia

Antes de comenzar el juicio, las víctimas de la talidomida han expresado su deseo de que se haga justicia en el juicio que se celebra contra la farmacéutica Grünenthal, fabricante de este fármaco indicado para las náuseas de las embarazadas y que causó graves malformaciones en los fetos.

"Esperamos que la justicia haga honor a su nombre", ha resaltado el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), José Riquelme. Aunque la primera víctima nació hace 57 años, la demanda se presentó en el año 2011 porque las víctimas de la talidomida "antes no existían y eran invisibles", ha dicho Riquelme.

En el año 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto que estableció ayudas para 23 víctimas, lo que permitió demandar a la farmacéutica por "atentado farmacológico", ha recalcado.

"Estamos muy ansiosos. Llevamos muchos años detrás de esto", ha afirmado uno de los afectados, José Alcaraz Martínez, quien ha apuntado que, cuando su madre estaba en estado de gestación, aquejada de angustia y mareos, fue al médico de un pueblo, que le dio unas pastillas y, a consecuencia de ello, nació con una malformación en un brazo.

La talidomida era un sedante que comenzó a venderse a partir de 1957 y se administraba como complemento inocuo para las náuseas de las mujeres embarazadas, pero causó graves malformaciones en los fetos, principalmente focomelias, ausencia de extremidades y otras agenesias.

El fármaco fue retirado del mercado en 1961 en Alemania, donde se originó el problema, pero, según consta en la demanda de Avite, en España "siguió administrándose varios años más" a pesar de su prohibición mundial.