Si investigáramos cuántas leyes o proyectos se aprueban justo cuando la atención de los ciudadanos está en otro tema; probablemente nos asombraríamos más de la cuenta. El pasado 11 de mayo, mientras las protestas contra el Proyecto HidroAysén mantenían alerta a la mayoría de los chilenos; 13 senadores decidieron aprobar el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales UPOV 91; que cede el derecho de semillas chilenas a grandes empresas del rubro, entre ellas a la norteamericana Monsanto, conocida por la elaboración de semillas transgénicas y su herbicida Roundup.
Como lo estipula la página del Senado; la iniciativa, previamente aprobada por las Comisiones de Agricultura y de Relaciones Exteriores, quedó en condiciones de ser remitida al Presidente de la República para su promulgación. No obstante, este convenio que también impedirá a los campesinos guardar sus semillas; estaría infringiendo la ley.
De acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena N° 19.253, en los artículos 6 y 34 respectivamente, existe la obligación de consultar a las entidades indígenas en materias que le son de su competencia y que les afecten directamente. Situación que en este caso no ocurrió, según lo plantea en un comunicado el senador Juan Pablo Letelier, uno de los 6 parlamentarios que se abstuvo a la medida. "Apoyaré la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para reclamar por la norma tramitada en el Senado con infracción a la obligación expuesta".
Por su parte, el senador Hernán Larraín, uno de los 13 que se manifestó a favor de la iniciativa; afirmó que la "aprobación cumple con el compromiso adquirido en el TLC entre Chile y EEUU, y que no se refiere a transgénicos". En tanto, los senadores Ximena Rincón, Jaime Quintana y Alejandro Navarro, quienes votaron en contra, estudian una presentación en conjunto ante el Tribunal Constitucional para impedir la publicación de la ley aprobatoria.

Los nexos con la familia Von Baer

Otro punto que ha generado debate es la existencia de un posible lobby en el parlamento por parte del padre de la ministra Secretaria General de Gobierno, Erick von Baer, para aprobar el UPOV 91. La familia de la vocera es dueña de la empresa "Semillas Baer", ubicada en Temuco.
Según consigna Radio Universidad de Chile; Cristián Sauvageot, representante de Chile sin transgénicos, denunció, con el listado de variedades agrícolas protegidas al 31 de marzo de 2011, que de las más de 700 semillas inscritas la quínoa es propiedad de Erick von Baer, hasta 2016.
"Lo que planteamos al Congreso es que se discuta primero la ley y se informe adecuadamente, porque de lo contrario vamos a tener una ley que va a ser 100 por ciento acorde con el tratado recientemente aprobado, y eso es 100 por ciento en favor de las empresas que empiezan a monopolizar a la semilla por esta vía en desmedro de los campesinos pequeños y los indígenas. Se van privatizando las propiedades de las semillas, después se le hacen modificaciones, luego empieza una situación en la cual lo que hoy es propiedad de todos poco a poco comienza a ser propiedad de unos pocos", explicó el experto en el programa "Semáforo" de la radio mencionada.
"Semillas Baer" tiene un registro de diversas especies, entre las que se cuentan la avena, cebada, raps (canola) y una gran variedad en trigo.

Bachelet y el primer paso para ratificar el Convenio UPOV

En diciembre de 2008, la entonces Presidenta de la República, envió al congreso un proyecto de ley que según sus palabras regulaba "los derechos del obtentor de variedades vegetales...a fin de impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales y mejorar la productividad agrícola nacional". Pero para los detractores, esto dio la bienvenida a la privatización de las semillas, permitiendo que Monsanto y otras compañías de transgénicos se apropiaran totalmente de la agricultura del país, en detrimento de los campesinos y la salud alimenticia nacional.

En marzo de 2009, la ex Mandataria insta a ratificar el Convenio UPOV, que data del 2 de diciembre de 1961, y que fue revisado en Ginebra de acuerdo al Acta de 19 de marzo de 1991. Según consta en la página 9 del documento, la adhesión al UPOV 91, fue comprometida internacionalmente por Chile en los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

Esta última idea es la que dan como válida los parlamentarios que votaron a favor, el pasado 11 de mayo, para justificar su postura. No obstante, el senador PPD Jaime Quintana afirma que el UPOV 91 no tiene la obligación de ser ratificado y que sólo se aprobó por la presión de grandes consorcios económicos que quieren que nuestro país produzca alimentos transgénicos. La Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV) establece que un país que quiera adherirse a ella "solamente puede hacerlo a la última versión vigente del Convenio, pero los países que ya son miembros pueden adoptar la última versión o mantenerse en la más blanda que habían suscrito anteriormente", en nuestro caso el UPOV 78.

Por su parte; la senadora Ximena Rincón manifestó, a Radio Bíobío, que "aún existe una forma de frenar este convenio, ya que para darle curso requiere que se apruebe la modificación de la ley que aún está en tramitación, y que en caso de ser rechazada dejaría al polémico acuerdo sin validez". Por lo mismo hizo un llamado a que los parlamentarios "tomen conciencia y voten negativamente en torno a esta modificación".

El costo que el nuevo convenio tendría para campesinos e indígenas, sumado al temor que produce una posible apertura a los transgénicos con la eventual entrada en marcha del UPOV 91 y la vinculación de éstos a la empresa Monsanto, ha generado una polémica que parece ir en aumento. El Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, afirma que el UPOV 91 no está relacionado con los transgénicos y que "no existe la probabilidad en este convenio de inscribir una semilla que no se ha creado". No obstante, la experiencia internacional, hace que se ponga en duda una postura como esa, según afirma Iván Santandreu, biólogo y vocero de Chile sin transgénicos. Bórquez, además desmintió que el parlamento haya vendido semillas a Monsanto con la medida.

El titular que encendió la alarma

"El Senado vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena", fue la noticia que empezó a circular desde el 12 de mayo en las redes sociales. Con prácticamente nula presencia en los medios de comunicación chilenos, la decisión de los parlamentarios generaba alarma entre quienes se enteraban, y la palabra Monsanto se convirtió en una de las más utilizadas en twitter.

Monsanto es una empresa norteamericana, fundada en 1901 y actualmente se vincula al mundo agrícola. Es la dueña de más del 90% de todas las semillas transgénicas que se comercializan en el mundo, las que han sido modificadas para ser resistentes al herbicida Roundup (Glifosato), que también diseña y produce Monsanto.
La empresa tiene presencia en todo el orbe, incluido Chile, y ha generado enorme controversia debido al peligro, potencial o real, de sus productos sobre la salud humana, animales, plantas y el medio ambiente.

El documental y libro "El mundo según Monsanto", de la periodista y documentalista francesa Marie-Monique Robin; pone al descubierto el lado menos amable de la multinacional, asociado a muertes, enfermedades, falta de probidad, complicidad de gobiernos y organismos de control, más un séquito de abogados dispuestos a defender cada paso de la empresa.

La pieza audiovisual de casi 2 horas; se pasea entre la historia judicial de Monsanto y sus productos: el agente naranja, el Roundup y los OGM (organismos modificados genéticamente).
Uno de los temas más álgidos es el PCB (policloruro de bifenilo), un aceite químico utilizado como aislante en los transformadores eléctricos. Monsanto debió pagar US$700 millones para indemnizar a los habitantes de Anniston, Alabama, un barrio habitado por afroamericanos. Pero el dinero llegó tarde porque muchas personas habían muerto de distintas enfermedades, particularmente cáncer, luego que la empresa había contaminado con PCB el suelo y el agua.

Se estableció que Monsanto sabía, desde 1937, que el PCB era riesgoso para la salud, sin embargo guardó silencio. Luego le comunicó al gobierno, pero éste no alertó a la población. Recién en 1977 el Ejecutivo estadounidense prohibió el químico.

El herbicida Roundup, también forma parte del flanco controversial de la empresa. Los cultivos transgénicos de Monsanto, adoptaron el nombre de Roundup ready por ser resistentes al químico. En 2007 la multinacional fue condenada, en Francia, a pagar 15.000 euros por publicidad engañosa. Insistían en que su producto era biodegradable y que no contaminaba el suelo, lo que fue comprobado como falso.

El componente principal del Roundup es el glifosato. Defensores de Monsanto afirman que el glifosato es inofensivo, pero lo que se oculta es que nunca se fumiga con glifosato puro, el Roundup contiene otras sustancias que son contaminantes, y eso ha generado que se transforme en un herbicida peligroso para la vida de humanos y animales. Puede causar abortos, partos prematuros, presencia de linfomas, entre otras anomalías.

El herbicida tiene presencia en Chile y se ha utilizado, por ejemplo, en el control de malezas adyacentes a plantaciones de eucalipto en la Región del Bío Bío.

Monsanto y el fantasma de los transgénicos

Uno de los productos estrella de Monsanto es la Soya Roundup Ready (SRR), uno de los transgénicos más cultivados en el mundo, que tampoco ha estado exento de polémicas. La documentalista de El mundo según Monsanto, da el ejemplo de lo que ha ocurrido en Argentina y afirma que "la soya transgénica llegó a ese país en la época del gobierno de Carlos Menem, donde el modelo económico neoliberal permitió que la semilla de Monsanto entrara sin estudio de impactos ambiental ni ensayos previos. Después vino la crisis económica y el buen precio internacional que tenía la soya ayudó al país. Entonces nadie dijo nada y el Estado hizo la vista gorda. Ahora se comienzan a ver los efectos negativos del monocultivo: las deforestaciones, las inundaciones y los problemas de salud"
Según la organización británica Soil Association, la seguridad de la nueva proteína se evaluó en un ensayo de alimentación, a corto plazo, con ratones. No fue probada en ninguna de las especies de animales que actualmente se alimentan de ella. Las únicas pruebas de alimentación que se llevaron a cabo con la soya fueron estudios "nutricionales", que evaluaron la tasa de crecimiento en una variedad de animales y la producción de leche en las vacas. Ningún estudio sobre alimentación animal, diseñado específicamente para determinar la seguridad de la soya transgénica, fue llevado a cabo; en particular, no se realizaron pruebas toxicológicas, ni estudios de alimentación a largo plazo.

Así, Soil Association plantea que en ausencia de tales investigaciones científicas básicas, es claro que ninguna evaluación objetiva de las pruebas de Monsanto, podría concluir que la seguridad de la soya transgénica ha sido determinada.

Los organismos genéticamente modificados (OGM), como la SRR, son organismos vivos (vegetales o animales) en los que el material genético (ADN) ha sido alterado de manera artificial, confiriéndoles una determinada característica o propiedad que no poseen de manera natural. Esta definición engloba los transgénicos, pero hay que tener en cuenta que no todos los OGM lo son.

Según una publicación de la revista Food Safety Review, "los alimentos genéticamente modificados son de naturaleza inestable. Los productores de OGM no saben en qué parte del alimento se está insertando el gen, no saben cuál es el lugar seguro para tales inserciones. Y eso puede generar que los que antes no eran tóxicos lo sean en otro momento".

Los alimentos transgénicos han generado un eterno debate. Mientras algunos destacan los beneficios de éstos, otros los asocian a efectos nefastos para la salud humana como distintos tipos de cáncer, deformaciones fetales, alteraciones cutáneas entre otros aspectos.

De acuerdo a Soil Association, el problema es que los impactos del proceso de ingeniería genética en la biología de los organismos es tan complejo, y el conocimiento científico de la bioquímica de plantas tan limitado, que es completamente imposible para los científicos modelar y predecir los impactos reales en la salud, de cada uno de los ensayos genéticos.

Otro punto no menor es la ausencia de etiquetados en los transgénicos, lo que imposibilita que los consumidores sepan cuándo están en presencia de ellos. Chile tiene productos transgénicos y tampoco está exento de esa controversia. A inicios de este mes, la Comisión del Medio Ambiente del Senado, aprobó una iniciativa legal que fija multas de más de $38 millones a empresas que no etiqueten los productos transgénicos. El texto legal establece que "las empresas encargadas de producción de materias primas alimentarias u otros alimentos destinadas a consumo humano deberán indicar, especialmente en su rotulación, si el referido producto utiliza o no transgénicos u otras características nutricionales distintas".

Según explicó el senador Alejandro Navarro, presidente de la dicha, la aprobación del proyecto es "un paso muy importante", pues "se exigirá que todos los alimentos que tengan una modificación genética superior al 1%, tendrán la obligación de rotular mediante un símbolo". El parlamentario también afirmó que es necesario incorporar normas que garanticen el fiel cumplimiento de la ley.

EE.UU y México: El temor por la contaminación transgénica

En diversos países se ha observado que plantaciones no modificadas genéticamente, de un momento a otro se convierten en transgénicos. Cristián Sauvageot, representante de Chile sin transgénicos, mencionó en CNN Chile el caso de un agricultor en EEUU al que Monsanto demandó por tener plantaciones con semillas de la empresa. Sin embargo, él jamás había tenido un contrato con Monsanto y las especies que crecieron en su territorio se generaron por contaminación genética debido a la volatilidad de semillas transgénicas que probablemente tenía un vecino o algún camión de la multinacional que pasó por el lugar.

Otro país que ha vivido el mismo fenómeno es México. Como plantea el documental "El Mundo según Monsanto", para proteger la diversidad de su maíz, la nación latinoamericana ha prohibido los cultivos transgénicos. Sin embargo en el marco del TLC firmado con EEUU y Canadá, el país no puede impedir la importación masiva de maíz americano transgénico en un 40%. Destinado exclusivamente al consumo humano y animal, el maíz americano amenaza la producción local. Fuertemente subvencionado por la administración de Washington, el maíz industrial como se le llama en México, cuesta dos veces menos que el maíz tradicional.

De acuerdo al documental, una vez q las semillas sean liberadas al ambiente es muy probable que los transgenes se inserten en los genomas de las razas criollas mexicanas. Eso no se puede controlar, una vez que se libera al ambiente y que hay entrecruce, el fondo genético del criollo puede hacer que el mismo transgen tenga efectos distintos, como que un criollo salga defectuoso o deforme dependiendo el lugar donde se incrustó el transgen. El problema es que esta contaminación puede llegar a dejar inservibles las plantaciones de los agricultores y de paso propiciar que empresas como Monsanto los enjuicien por "uso indebido de su patente".

Si investigamos, podemos constatar que México y Estados Unidos no son los únicos que han experimentado este fenómeno. Según reporta el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB), en Guatemala, el combate de la contaminación transgénica está en todo el mundo. Plantea que el Registro de Contaminación Transgénica, gestionado por GeneWatch del Reino Unido y Greenpeace Internacional, documentó en los últimos 10 años más de 216 casos de contaminación transgénica en 57 países.

"Monsanto y las otras empresas biotecnológicas han sabido siempre que sus cultivos transgénicos contaminan otros cultivos. Es más, esa fue parte de su estrategia para forzar al mundo a aceptar los organismos genéticamente modificados", afirma el CIISB.

¿Quién garantiza que algo así no pudiera ocurrir en Chile? Las leyes, convenios o proyectos legales pueden sonar muy apropiados, pero me parece válido el plantear dudas si a la luz de los hechos no todo se ha dado como lo prometido o legalmente planteado. Lo ideal sería poner todas las cartas sobre la mesa, de forma honesta y luego discutir, con todas las partes en juego, qué es adecuado o no. Pero aprobar un evento tan trascendente como el UPOV 91, prácticamente entre cuatro paredes, es totalmente repudiable.