Cuando el gobierno mexicano se encontró recientemente bajo presión para presentar a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, nos enteramos que se habían descubierto fosas comunes con docenas o incluso cientos de cuerpos, pero pruebas de ADN no corroboraron que se trataba de los estudiantes. No se dio el caso como solucionado hasta que se dio a conocer que miembros de la banda local de narcotraficantes Guerreros Unidos confirmaron haberlos ejecutado, quemado los cuerpos y echado los restos en bolsas a un río.

Entonces una pregunta que queda sin responder es ¿de quién son los cuerpos encontrados en aquellas fosas comunes? ¿Y qué nos dice esto acerca de la regularidad con la que ocurren estos horrores en México?

El director de Human Watch Rights, José Manuel Vivanco, habló con Univisión acerca de la impunidad que impera en el país y calificó el caso de Ayotzinapa como crimen de Estado. En México, los desaparecidos se cuentan no en docenas, sino en miles. En lo que va del periodo de gobierno del presidente Peña Nieto, 31,000 personas han sido asesinadas.


Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, encontró el caso de los desaparecidos de Iguala "profundamente perturbador".

No será el primero ni el último que demuestre su solidaridad, pero no olvidemos que esto viene ocurriendo dese hace décadas. Verónica Calderón escribe para El País acerca de los desaparecidos en el estado de Guerrero entre 1969 y 1985. Según un informe elaborado por la Comisión de la Verdad de Guerrero, en aquel periodo la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), que operaba bajo órdenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo uso de militares y policías "para realizar ejecuciones extrajudiciales, abusos policiales, violaciones e incluso vuelos de la muerte." El reporte ofrece datos de 512 personas cuyo paradero se ignora, aunque se calcula que al menos 1,500 fueron ejecutadas de este modo.

Las descripciones de las ejecuciones extrajudiciales son escalofriantes:
Gustavo Tarín, miembro de la policía militar, afirma que los habitantes de Guerrero eran detenidos e interrogados bajo tortura para que "confesaran" delitos sin orden judicial. Si no aceptaban, los llevaban atados y vendados a una silla a la que llamaban el banquito de los acusados. Les decían que los iban a fotografiar, cuenta Tarín. "Entonces los mataban con un disparo en la nuca. Siempre se usó la misma pistola, por lo que la bautizaron como la espada justiciera. Se colocaban dentro de costales, se le ponían unas piedras y se cosían". Los cuerpos eran arrojados desde aviones militares. En una noche podía haber hasta tres o cuatro vuelos. Tarín calcula que al menos 1.500 personas murieron así durante ese periodo. La Comisión ha podido comprobar al menos esas 512 muertes. Uno de los militares que participó en estas operaciones pidió asilo político en Canadá en 1988, horrorizado por lo que había visto.

Margarito Monroy Candía, mecánico de aviones, respalda la versión. Participó en 15 viajes. Su testimonio: "Señala que las personas que transportó eran de todos los lugares, también de buena situación económica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrecían que si tenían sexo [con los militares], al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso [las devolverían] a sus esposos. En algunas ocasiones aceptaron, pero nunca, que él viera, las liberaron", explica el informe.

Monroy cuenta que todos los viajes en que participó eran encabezados por el general Mario Arturo Acosta Chaparro, denunciado en 2001 por 120 familias por la desaparición de sus seres queridos y formalmente acusado en 2004 - poco después fue absuelto - de lanzar al mar a 22 campesinos desde un avión. Se retiró, condecorado, en 2008, pese a que también fue señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Murió en 2012 en uno de los barrios más adinerados de la capital mexicana en un ataque con el sello del narco: dos desconocidos le tirotearon desde una moto.
Que quede claro, entonces, que el caso de los 43 ejecutados en Iguala no es la excepción, sino la norma.

La corrupción en México ha llevado a este país a un grado extremo en el proceso ponerológico. Este último es la toma del poder de una sociedad por parte de personalidades patológicas, primordialmente psicópatas, según describe Andrew M. Lobaczewski en su libro Ponerología Política. Tal sociedad está condenada a sufrir hasta que la gente normal aprenda que no está tratando con seres humanos como ellos, sino con depredadores que carecen de conciencia moral.