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Con unos 2,4 millones de encarcelados, Estados Unidos posee hoy la poblacional penal más grande del mundo, de la cual al menos un 75 por ciento corresponde a negros o latinos.

Las penitenciarías estadounidenses se conformaron como un sistema de castas raciales, y creer que los negros y latinos pobres resultan peligrosos y económicamente superfluos convirtió a estos "gulags" en un instrumento de control social, destacó el sitio alternativo Global Research.

Cualquier movimiento para acabar con la encarcelación masiva tiene que hacer frente a este sistema de castas, no solo a métodos de control de la delincuencia, estimó el académico Michelle Alexander, en el artículo "El Nuevo Jim Crow: encarcelamiento en masa en la era de daltonismo".

Necesitamos un sistema eficaz de prevención del delito y control en nuestras comunidades, no el sistema actual concebido para generar crímenes y una clase permanente de personas a las cuales se etiqueta como delincuentes, aseguró.

A juicio de la Coalición de Derechos Humanos (CDH), el sistema penitenciario de Estados Unidos puede calificarse como de explotación, punitivo y corrupto.

La mayoría de la gente en los reclusorios son pobres, negros, mestizos, citadinos, analfabetos funcionales, desempleados o subempleados antes de ser atrapados y están ahí por cometer delitos no violentos. Ello refleja las desigualdades en nuestra sociedad, indicó el CDH.

Si bien la Octava Enmienda de la Constitución prohíbe los castigos crueles e inusuales, el sistema penitenciario contradice tal postulado con total impunidad, aseguró la publicación.

Incluso, muchos de los reclusos son acusados injustamente de cargos no cometidos, como parte de una manipulación premeditada para propagar el miedo y justificar la guerra global de Estados Unidos contra el terrorismo, añadió.

De hecho, los únicos extremistas que representan una amenaza son los funcionarios federales, estatales y locales, así como los empresarios de las corporaciones a quienes sirven, explicó el rotativo.

Como resultado, víctimas inocentes sufren de manera injusta, mientras que los criminales del Gobierno y las empresas hacen lo que quieren con impunidad, por lo cual ya es hora de que la furia pública los desafíe, opinó Alexander.