Traducido por el equipo de SOTT.net
Primary Health Care conference at Kazakhstan 1978
© Pan-American Health OrganizationGran angular en blanco y negro de un edificio cavernoso con personas sentadas en una gran mesa frente a bancos de asientos de estadio.
Delegados en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma Ata (Kazajstán) en 1978.
"El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente...", observaba el historiador inglés Lord Acton escribiendo a un amigo en 1857. Este aforismo tan citado debería llevarnos a reflexionar sobre los poderes absolutos que la Organización Mundial de la Salud busca actualmente para su director general (DG). La organización ha abandonado la visión amplia e interdisciplinaria de la salud basada en la atención primaria y la participación pública que caracterizó su misión original y se expresó en la Declaración de Alma Ata de 1978. Lo que vemos ahora es un enfoque descendente, de ordeno y mando, basado en una estrecha base científica y en las preferencias, o prejuicios, de unos pocos donantes importantes. Este modelo ha fracasado palpablemente en tiempos de crisis. Si la respuesta consiste en reforzar los poderes de mando, ¿se puede confiar en que la organización los utilice con sensatez, responsabilidad y eficacia?

Hasta la fecha, gran parte de la atención pública se ha centrado en la propuesta de un nuevo tratado internacional, pero los problemas más graves se encuentran en la propuesta de modificación del Reglamento Sanitario Internacional. Ambas están siendo apresuradas hacia una fecha límite de mayo de 2024, para su adopción en la Asamblea Mundial de la Salud. Se trata de una velocidad excepcional para este tipo de documentos y crea importantes obstáculos a la participación de la sociedad civil en el proceso. El tratado, sin embargo, requerirá una mayoría de dos tercios en la asamblea. A continuación, deberá ser ratificado por cada Estado miembro a través de sus procedimientos establecidos, lo que debería crear más oportunidades de escrutinio. Los cambios en la normativa sólo requieren mayoría simple y entran en vigor de forma más o menos inmediata. Son estos cambios los que representan un importante traspaso de poder de los Estados-nación a la persona del director general, sin que se prevea un proceso de nombramiento transparente ni que esa persona rinda cuentas ante ningún órgano representativo o tribunal jurídico internacional. Son una receta para la autocracia.

Actualmente, la OMS puede emitir recomendaciones a los miembros cuando se declara una emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés). Las enmiendas tienen el efecto de cambiar las recomendaciones por orientaciones u órdenes. Se flexibiliza la definición de PHEIC para que el DG pueda declararla en respuesta a una amenaza potencial, no real, e independientemente de la opinión del Estado del que se cree que procede la amenaza. Una vez hecha esta declaración, el nuevo texto se aleja del lenguaje actual, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para subordinar los derechos a la discrecionalidad del DG, que adquiere el poder de cerrar fronteras, exigir pasaportes vacunales, ordenar vacunaciones, imponer cuarentenas y censurar a los medios de comunicación críticos con estas intervenciones. El DG será la única fuente de la verdad sobre la pandemia. Al tiempo que anulan la jurisprudencia tradicional de los derechos humanos, también invaden la soberanía de los Estados-nación para juzgar por sí mismos qué es lo mejor para sus ciudadanos. En la pandemia de covid, por ejemplo, se podría haber ordenado a Suecia que acatara las instrucciones de la OMS en lugar de seguir las opiniones divergentes de sus propios expertos en salud pública.

La OMS se fundó en 1948 para promover una visión amplia de la salud, en un contexto de derechos humanos y compromiso comunitario, con un enfoque horizontal, de "toda la sociedad". Desempeñó un valioso papel en la coordinación de los esfuerzos nacionales, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, y el apoyo a los ministerios nacionales de sanidad de países con infraestructuras débiles o escasos recursos. Muchos países africanos, por ejemplo, recurrieron primero a la OMS para planificar la gripe pandémica en lugar de elaborar sus propios documentos.

Sin embargo, esta se ha visto colonizada cada vez más por una visión mucho más estrecha, que identifica salud pública con ciencia biomédica. La respuesta a las epidemias se encuentra en las vacunas y no en las comunidades. Si la comunidad no acepta la vacuna, hay que obligarla a hacerlo. El fracaso de este enfoque quedó bien documentado en África Occidental en el brote de ébola de 2013. La OMS, y otras organizaciones internacionales, trataron de imponer intervenciones y fracasaron. El brote sólo se controló cuando se implicó a las comunidades locales, tal y como habían estado instando desde el principio antropólogos y sociólogos. Confiscar los cadáveres a los aldeanos no funcionó: negociar acuerdos alternativos para la transferencia de los poderes espirituales asociados a estos cadáveres tuvo un impacto inmediato en la transmisión. Cuando llegaron las vacunas, el brote estaba en su fase final. Cualquier historiador de enfermedades infecciosas reconocería el patrón, documentado por Thomas McKeown hace más de 50 años.

La OMS ha caído bajo el hechizo del estrecho pensamiento biomédico, entre otras cosas porque ha llegado a depender tanto de las donaciones de empresas y fundaciones como de las suscripciones de los gobiernos nacionales. No se trata de la tonta teoría de la conspiración que afirma que Bill Gates quiere utilizar las vacunas para poner microchips a todos los habitantes del planeta. Pero no es motivo de controversia que los desembolsos de la Fundación Gates reflejen la tecnofilia del fundador y su creencia de que todos los problemas humanos se resolverán con tecnología. Esta presunción no es muy compartida fuera de Silicon Valley, donde otros reconocen que la tecnología tiene que ser aceptable para los usuarios, si se quiere que sea asumida y que se materialicen sus beneficios. Los sueños de los emprendedores tecnológicos tienden a zozobrar en la realidad del entorno salvaje. Obligar a obedecer sus visiones nunca debería ser una opción política.

Del mismo modo, las empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos y de TI se dedican a vender sus productos. No hay nada malo en ello, siempre que comprendamos las consecuencias. Podemos hacer frente a las enfermedades de la pobreza haciendo que la gente sea menos pobre o dándoles una píldora contra las enfermedades. La misión original de la OMS era hablar en nombre de los pobres, no de quienes se benefician de los medicamentos, vacunas o aplicaciones electrónicas de vigilancia y control de los movimientos de los ciudadanos. Los Estados nacionales deben ser libres de elegir su camino y escuchar a los defensores de las alternativas.

En manos de un DG santo, algunos de estos nuevos poderes podrían ser una respuesta razonable a algunas de las debilidades institucionales puestas de manifiesto por la pandemia de covid. Sin embargo, no diseñamos sistemas de gobernanza partiendo del supuesto de que siempre contarán con santos. Los DG son humanos, como todos nosotros. La visión de Thomas Hobbes de un dictador benévolo al que los ciudadanos cedían el poder a cambio de protección se vino abajo en las realidades políticas de la Europa de los siglos XVII y XVIII. No es el momento de recrearla. Incluso la doctrina militar se ha alejado del puro mando y control, como ha demostrado la eficacia del esfuerzo militar ucraniano contra un ejército ruso al viejo estilo.

Los gobiernos no deberían firmar las enmiendas al RSI sin un debate adecuado en la sociedad civil, informado por las ciencias sociales, políticas y sociojurídicas de regulación y gobernanza. El poder absoluto no debería cederse en el momento de pánico provocado por pandemias de miedo y acción.