Funcionario EEUU robo bebes
Buenos Aires - Un ex alto funcionario del departamento de Estado declaró ante la justicia argentina que el gobierno de su país sabía que los hijos recién nacidos de disidentes desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina eran entregados de forma ilegal a otras familias supuestamente para que pudieran crecer alejados del comunismo. Elliot Abrams, ex subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Estado, ofreció a través de una videoconferencia desde Washington un testimonio clave en el juicio que se desarrolla en Buenos Aires contra dos ex dictadores y otros seis represores por el plan sistemático de robo de bebés durante el régimen de 1976 y 1983.

"Conocía este problema, estábamos al tanto de que algunos niños habían sido sustraídos estando los padres en prisión o fallecidos. Los sustraían y los entregaban", declaró Abrams ante el tribunal.

"Pensábamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban, y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos niños se entregaran a otras familias", agregó el ex funcionario, quien fue convocado a declarar por pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, querellantes en el juicio.

Ese organismo de derechos humanos ha denunciado que varios cientos de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres fueron entregados en forma ilegal a otras familias no biológicas, generalmente de militares que no podían tener hijos y los inscribían como propios. Con el retorno de la democracia, cerca de un centenar esos niños recuperaron su identidad gracias a la búsqueda de las Abuelas.

Según Abrams, Estados Unidos sabía que los militares argentinos no devolvían los niños a sus familias biológicas porque éstas "eran vistas como no aptas para criarlos, eran comunistas" y porque "en algunos casos las familias a los que las entregaban no podían tener hijos, entonces lo consideraban como una bendición para estas familias leales al régimen".

Los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone son los principales acusados por 35 casos de apropiación ilegal de menores, en el primer juicio que intenta probar la existencia de un plan sistemático de robo de niños.

Los organismos de derechos humanos denunciaron que 30.000 personas fueron asesinadas durante la dictadura. La cifra oficial es de 13,000.
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