Un fallo emitido hoy por el Tribunal Supremo de Estados Unidos propinó, al declarar inconstitucional la ley de quiebra criolla, otro duro golpe a las posibilidades de Puerto Rico de reorganizar su deuda.

La acción del máximo foro judicial estadounidense se produce nueve días después de emitir otra decisión en la cual determinó que, contrario a lo que durante más de 60 años Washington arguyó en las Naciones Unidas, el Estado Libre Asociado (ELA) carece de soberanía propia.
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Además, ese mismo día el Congreso votó la legislación denominada Promesa (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stabilization Act) para, entre otras cosas, establecer una junta fiscal que controlará el manejo del presupuesto de Puerto Rico y garantizará a los acreedores de Wall Street y los fondos buitres el pago de la deuda pública del país.


Comentario: Pero si es una nación soberana, ¿no sería esta junta fiscal una fuerza invasora?


La isla se encuentra al borde de la bancarrota con una deuda ascendente a 70 mil millones de dólares y la denominada ley de quiebra criolla, aprobada a mediados de 2014 por la Legislatura boricua, tenía como propósito de una reorganización ordenada ante el vacío dejado por la legislación federal.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de confirmar su revocación en votación 5-2 lo que deja sin opción a esta isla del Caribe para reestructurar la deuda de sus corporaciones públicas bajo un marco de ley dentro del ELA, ya que en 1984 se le excluyó del capítulo 9 de la normativa federal.

El proyecto Promesa deberá ser aprobado por el Senado de Estados Unidos antes del 1 de julio próximo para que de inmediato lo sancione el presidente Barack Obama, pues de lo contrario surge un nuevo impago de Puerto Rico a los acreedores.

Al igual que con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla discrepó del fallo, pues en los últimos dos años la estatal Autoridad de Energía Eléctrica ha llevado un proceso de renegociación de su deuda de nueve mil millones de dólares.

"Nos quita una herramienta para defender a Puerto Rico de los acreedores, y lo más desagradable es que el golpe que reciba la formula de estatus, que haya puertorriqueños celebrándolo por razones políticas", dijo.

García Padilla lamentó que por darle una estocada al ELA, políticos de oposición estén dispuestos a hacerle daño al país.

Acusó a Estados Unidos de retractarse de lo que "ellos le dijeron a la comunidad de naciones".