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Mayoritario en ese cuerpo armado, el SUP precisó que los agentes se ven obligados a efectuar en esta región autónoma española, controlada por el derechista Partido Popular, un desmesurado número de arrestos de extranjeros por estancia ilegal.
De hecho, los días 9, 10, 12 y 13 de febrero hubo 370 detenidos por este motivo y 33 por atentado o resistencia a la autoridad, de acuerdo con la revista mensual del sindicato Carné por puntos, citada por el diario Público.
En su boletín, el SUP calificó de demoledoras estas cifras, y advirtió que para tener una perspectiva completa se precisarían datos como a cuántas decenas de miles de personas se identificó esos días, o cuántos de los detenidos por no tener papeles quedaron en libertad.
Reveló que son millones las identificaciones que se producen en España cada año, y apenas unas pocas miles están justificadas en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo.
Sólo en Madrid hubo 450 mil identificaciones en 2009, apuntó el gremio policial, tras subrayar que es normal organizar un control de identidad en cualquier calle del país ibérico sobre cualquier ciudadano que circule por el lugar, y se cuestiona si esa práctica es legal.
Desde el sindicato denuncian las actuaciones contra policías derivadas "de esta práctica del sistema del palote al margen de la legalidad y contra los derechos civiles de los ciudadanos".
Incide en que, si se elaborase una estadística sobre cuántos ciudadanos son acusados por no tener papeles cada año por todas las policías españolas, el resultado sería "un escándalo que superará con mucho a cualquier país con democracia o sin ella".
Si se analizan los delitos de atentado de la autoridad y resistencia, se descubriría que la mayoría son cometidos por personas que se niegan a identificarse porque ya se les ha solicitado la documentación en numerosas ocasiones sin justificación alguna, concluye.
La coalición Izquierda Unida (IU) quiere que el Congreso de los Diputados (Cámara baja) condene los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que, según varias asociaciones y el propio SUP, se producen en barrios con alta concentración de inmigrantes.
Con ese propósito, IU registró en la mesa de la Cámara baja una proposición no de ley, en la cual arremete contra este tipo de redadas por considerarlas una flagrante vulneración de los derechos humanos y una criminalización de las personas por su apariencia física.
rc/edu
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