Las principales organizaciones europeas defensoras de esta libertad alertan al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre las deficiencias del marco legal español.
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Varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión, prensa e información han dirigido una carta a la Secretaria del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Kate Fox, para que incluya la falta de libertad de expresión y opinión en España en el sexto informe periódico del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).

Entre los firmantes se halla la Federación Europea de Periodistas (FEP) a la que pertenece la FeSP, y en ella se recogen varias de las preocupaciones respecto a la situación española que nuestra organización ha hecho llegar a FEP.

En la carta, las organizaciones firmantes señalan que "la legislación española contiene elementos capaces de erosionar la libertad de expresión y opinión" y expresan "su preocupación por la existencia de ciertos marcos legales y regulaciones en España que pueden impactar negativamente en la libertad de expresión y opinión, ambas protegidas por el Artículo 19 del ICCPR".

Asimismo señalan que las actuales leyes españolas sobre difamación "no se adhieren a los principios de libertad de expresión" recomendados por organismos como el Comité de Derechos Humanos porque "sigue siendo una ofensa criminal". Destaca que en España se considera delito penal la ofensa a la nación y sus emblemas, como también lo es difamar "a una amplia gama de instituciones gubernamentales" o a "miembros de la familia real".

Por otro lado, señala que España es el único país de la UE que carece de "órgano regulador nacional e independiente dedicado a la radiodifusión" y lamenta que el actual Gobierno haya abandonado la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, prevista en la Ley General Audiovisual, por razones presupuestaria.

Los firmantes son muy contundente al señalar que "el derecho al acceso a la información no está reconocido en España dado que el gobierno ha rechazado que éste forma una parte fundamental del derecho de la libertad de expresión. Esta posición está en clara contradicción con el Comité en su Observación General N º 34 y con otros órganos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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El no reconocer el derecho de acceso a la información es una negación del derecho de la población a estar informada ya que se dificulta al público, y a los grupos que velan por el interés general tales como periodistas y organizaciones civiles, obtener la información necesaria para monitorizar las acciones del gobierno, tal y como requiere toda sociedad democrática. Obstaculizar el acceso a la información también crea un desequilibrio con otros derechos fundamentales, en concreto con el derecho a la privacidad". Concluyen, al respecto, que La Ley de Transparencia, aprobada en 2013 y que entrará en vigor el 10 de diciembre, no garantiza dicho derecho.

La carta está firmada por el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire; la presidenta de RSF España, Malén Aznárez; la directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire; el coordinador de AMARC Europe, Francesco Diasio; la asesora de Free Expression Associates, Francesca Fanucci; el secretario general de la Federación Europea de Periodistas (EFJ), Ricardo Gutiérrez; el director ejecutivo de Article 19, Thomas Hughes; el secretario general de WAN-IFRA, Larry Kilman, y la directora de Libertad de Prensa del International Press Institute (IPI), Barbara Trionfi.