Mientras que los muertos se van apilando al sur de la frontera y la cantidad de drogas cruzando la frontera aumenta cada vez más, el dinero de Washington se está diluyendo. México se ve más y más cargado de los costos de una guerra que ni siquiera quería librar.

Ejército mexicano
Los intentos de militarizar la seguridad pública no son nuevos, se llevan a cabo desde hace unas décadas con bastante éxito. Esta estrategia de golpear el crimen organizado con todos los medios de violencia del Estado fue concebida por Washington, y proyectada a Latinoamérica mediante las armas y los recursos económicos. Fue una guerra para resolver los males de los países y sobre todo para sofocar la oferta creciente de drogas en las calles norteamericanas, todo cortesía de Estados Unidos.

Una ganga irresistible; lo único que los gobiernos latinos tenían que poner eran los cuerpos.

Mientras que los muertos se van apilando al sur de la frontera y la cantidad de drogas cruzando la frontera aumenta cada vez más, el dinero de Washington se está diluyendo. México se ve más y más cargado de los costos de una guerra que ni siquiera quería librar. No solamente los costos físicos y materiales que implican una acción militar, sino también los daños colaterales que hace la militarización de la seguridad pública al propio estado de derecho y la democracia.

El comienzo: la Iniciativa Mérida

Desde el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cada administración ha expandido la militarización de la seguridad pública, convocando paulatinamente al ejército como un remedio a asistir en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, este fenómeno alcanzó nuevas alturas con la Iniciativa Mérida tras la elección de Felipe Calderón Hinojosa. El cuento comienza en 2006, cuando el recién electo presidente hace de la lucha contra el crimen organizado su prioridad en la política del país.

Después del aparente éxito del Plan Colombia, que a lo largo de tres quinquenios presenció el suministro de 10 mil millones de dólares destinados al reforzamiento de las capacidades militares de Colombia en su lucha contra el "narcoterrorismo", la administración de George W. Bush estaba muy dispuesta a aplicar el mismo modelo a otros países latinos en sus cruzadas contra el crimen y el narcotráfico. De este modo nació el "Plan México", o lo que iba a ser nombrado la Iniciativa Mérida (IM), una ayuda de 1.6 mil millones dólares proporcionados entre 2008 - 2017, designados para el equipo y entrenamiento para la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas: "Iniciativa Mérida: un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad".

De la misma manera que en el caso colombiano, y según las condiciones estipuladas por Estados Unidos, el gobierno mexicano gastó este dinero en su mayoría (aproximadamente 60% de los fondos) en juguetes militares como helicópteros 'Black Hawk' y aeronaves CASA 235. De repente, junto con el ejército, la Policía Federal también estaba patullando las calles en sus vehículos armados a un costo de $175,000 USD por cada uno, con sus chalecos antibalas de última generación y sus fusiles de asalto M4; equipado a veces con el mismo poder de fuego como los marines estadounidenses combatiendo en Irak. Además, recibieron entrenamiento de instructores norteamericanos en tácticas de contrainsurgencia, preparados no sólo en su equipamiento para 'la guerra contra el narcotráfico', sino también en su actitud frente a la tarea que les tocaba.

Blackhawk helicopter US Army
© Mark El-Rayes / Reuters
Un helicóptero UH-60 del Ejército de EEUU Blackhawk
Los problemas que enfrentaron México y Colombia eran muy distintos. Mientras que la administración del presidente Álvaro Uribe luchaba contra una insurgencia Marxista que quería derrocar al gobierno desde las selvas periféricas del Bajo Cauca en Colombia, Calderón Honojosa quería acabar con el crimen organizado, el narco, un enemigo vago y omnipresente, arraigado en la propia sociedad. No obstante, la estrategia iba a ser feroz; una campaña militar, desplegando las fuerzas armadas a las calles en la llamada "guerra contra las drogas". Aún así, el objetivo de los grupos narcotraficantes no era usurpar el poder político como en el caso de Colombia, sino uno mucho más insidioso, corrompiendo y utilizando el mismo estado y sus instituciones con el fin de expandir sus negocios. Con la llegada de las fuerzas militares, la tasa de violencia explotó durante los siguientes tres años, llegando a su punto álgido en 2011 con una cifra alarmante de 11,397 homicidios.

Pese a algunas expectativas de ambos lados de la frontera, la elección de Barack Obama en la presidencia estadounidense no cambió de una manera significativa la cooperación bilateral entre México y EU. Se produjo una mínima reorientación de la estrategia emprendida hasta entonces que no suscitó ningún cambio dramático en la esencia militarizada de la misión, sólo anexó un énfasis en la modernización de la frontera y la prevención de violencia al nivel de las comunidades afectadas. Al final del sexenio de Calderón Hinojosa, en noviembre 2012 se había dotado asistencia por valor de $1.1 mil millones de dólares, de la cual $873.7 se destinó a equipamiento para las fuerzas de seguridad y sólo $146 millones para su adiestramiento. Esta militarización y la subsiguiente guerra contra el crimen organizado fueron brutales, dejando un país desangrado y agobiado por la violencia; se estima que hubo 70,000 muertos y 27,000 desaparecidos durante su mandato.

La llegada de Peña Nieto: la proclamada panacea de la Gendarmería Nacional

Al llegar al poder en 2012, la administración de Enrique Peña Nieto prometió la esperanza de una ruptura con la política de seguridad castrense de su antecesor, pero no presentó una alternativa coherente. Después de una pausa entre la cooperación bilateral entre los dos países, con el fin de analizar bajo el rubro de una "transición" de la "guerra abierta" hacia una desmilitarización de la política de seguridad, el nuevo presidente concibió la creación de una nueva institución policial - la Gendarmería Nacional (GN). Esta unidad constituyó una gran nueva idea de establecer "un cuerpo de control territorial" policial de 40,000 elementos, armados y entrenados para confrontar el crimen organizado y ocuparse de las necesidades de las comunidades con una formación civil, pero también militarizada.

El titular proclamó que por fin se retirarían las Fuerzas Armadas de las calles y sus tareas de seguridad pública y serían reemplazados por los nuevos gendarmes. Estos nuevos oficiales estarían bajo un mando civil de la Secretaria de Gobernación, buscando también apaciguar de cierto modo las críticas de la comunidad internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la intervención militar, cuya presencia había producido una tasa alarmante de violaciones a los derechos humanos de la población civil. Sin embargo, aparentemente este nuevo giro de política de seguridad sólo quedó como una herramienta discursiva, un espantapájaros retórico para simular un cambio de estrategia ante un electorado afligido por la violencia.

Los integrantes de la Gendarmería Nacional por cierto, están supeditados a un mando civil, pero siguen con el mismo modus operandi militar y lógica bélica como los soldados que deberían reemplazar: como el ejército, su principal función es el combate de los enemigos del Estado y que ahora se le conoce como delincuencia organizada, y se encaminó hacia la consolidación de la militarización de la seguridad pública, siguiendo el mismo hilo puesto por Washington como su predecesor Felipe Calderón. Del presupuesto asignado por la administración de Peña Nieto para este nuevo cuerpo en 2013, 74.7% se usó en la compra de armamento, municiones y vehículos y menos de un 8% para el adiestramiento de los cadetes reclutados, en el cual queda muy patente donde se basa el enfoque de su trabajo.

A pesar de las afirmaciones de que esta fuerza señalaría una nueva 'cercanía con el ciudadano', las cifras demuestran que la realidad es otra, su "razón de ser" no se ubica en la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos y libertades de personas, sino en priorizar la protección del propio estado y de sus instituciones, conforme con su naturaleza militar. Esta acción ha borrado aún más los frágiles deslindes entre el génesis militar y policial, permitiendo que la policía también posea unidades cuya misión principalmente es el combate y la destrucción del enemigo. Además, pese a las promesas de retirar el ejército de las calles a través de la creación de la GN; el gigante se volvió enano, contando con sólo 5,000 elementos en vez de los 40,000 prometidos, lo que imposibilita su tarea de remplazar a las Fuerzas Armadas. Como consecuencia, los militares siguen en las calles y es más, su presencia se ha duplicado desde 2013. El mismo Peña Nieto, que una vez prometió el regreso de los soldados a sus cuarteles, se está empeñando con tenacidad en promulgar la Ley de Seguridad Interior, que otorgará un marco jurídico a los militares para actuar en temas de seguridad y combate al crimen organizado.


La cartera del Tío Sam se cierra

El nuevo presidente en la Casa Blanca y el final del sexenio de Peña Nieto representa una encrucijada para México en su política de seguridad interna. Washington aparenta querer volver a la doctrina de mano dura contra las drogas, pero, esta política paradoja se limita a la imagen "America First", con recortes considerables a los programas de ayuda para Latinoamérica. Los fondos asignados a México por EU se ven reducidos de manera drástica para 2018 a poco más de $85 millones de dólares - un declive de 40% en comparación con 2017, esto además de las ya dañadas relaciones diplomáticas entre los países, que han puesto en peligro los avances logrados en la cooperación entre los dos estados en temas de inteligencia compartida y el aspecto bilateral de los estrechos lazos entre los cuerpos de seguridad en ambos lados de la frontera con respecto a la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de armas. No se estima que el Departamento de Estado, bajo el mandato de Donald Trump, esté pendiente en refrenar los abusos de las Fuerzas Armadas mexicanas como sucedió bajo la presidencia de Barack Obama con la Ley de Leahy, que retuvo fondos destinados para México a causa de fallas en derechos humanos.

Uno sólo tiene que mirar las cifras para constatar que vamos en la dirección equivocada; en el año 2017, el saldo ha sido atroz - aparte de haber sido el año más sanguinario en la historia moderna del país, tampoco existió ninguna mejoría en la tasa de violaciones a los derechos humanos cometidas por los organismos de seguridad. Según un informe de Amnesty International, la impunidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos sigue siendo casi absoluta. No ha cambiado nada - los militares se quedan, los policías se militarizan y los muertos y violaciones a los derechos humanos se acumulan.

El Senado se encuentra a un paso para decidir el futuro de la Ley de Seguridad Interior, una ley que acarrea la militarización definitiva de la seguridad pública; la cúspide de los errores de las últimas dos décadas.

Más que nunca el país necesita una política de seguridad que se centre en construir un modelo de seguridad ciudadana y que tenga como propósito central la protección de los derechos de las personas. México no necesita más policías, ni más armas, ni mejores vehículos, sino policías con mejor adiestramiento, remuneración, supervisión y confianza social. En palabras de Robert Peel, el progenitor de la primera fuerza policial moderna en Londres: "la legitimidad de toda policía se basa en la credibilidad que alcance frente a la comunidad".

Esta puede ser la única salida al vórtice de violencia en el que el país está hundido.

* Timothy Schwier es estudiante de la maestría en Seguridad Internacional del Programa París School of International Affairs de la Universidad Sciences Po, París y actualmente realiza una pasantía en el@InsydeMx.